El presidente mexicano López Obrador besa a Claudia Sheinbaum, presidenta electa por el partido MORENA
México se revuelve ante la reforma judicial que busca perpetuar el legado de López Obrador
Las consecuencias de esta reforma han alertado a la ONU, que ha mostrado preocupación por las «amplias» implicaciones para la independencia judicial en todo el país
Los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han levantado de forma silenciosa contra la reforma promovida por el oficialismo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para elegir a los juzgadores por voto popular. Los ministros de la Suprema Corte de México han suspendido su sesión en apoyo a las protestas.
La ministra presidenta del SCJN, Norma Piña, ha sometido a votación si realizar la sesión «dado que la manifestación con motivo de una solidaridad que los mismos trabajadores nos están solicitando o también como una manifestación de un paro». Matizó que se trata de «una manifestación de apoyo y solidaridad con el Poder Judicial de la Federación», pero continúan trabajando.
Ocho ministros votaron a favor: la misma Piña, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Javier Laynez Potisek.
Solo dos se manifestaron en contra: Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf; mientras que Lenia Batres no pudo votar al participar virtualmente.
Ríos Farjat justificó su voto por «respeto a los compañeros que trabajan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación». Los trabajadores de la SCJN se encontraban en los pasillos de la Corte, con pancartas en rechazo a la reforma judicial que se discutirá el próximo lunes. La votación se realizará en pleno septiembre, cuando el oficialismo ocupará dos tercios del Congreso, necesarios para reformar la Constitución.
De confirmarse la reforma, los mexicanos tendrán que acudir a las urnas en 2025 para elegir a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Las consecuencias de esta reforma han alertado a la ONU que, a través de su relatora especial para la independencia de los jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, ha mostrado preocupación por las «amplias» implicaciones para la independencia judicial en todo México.
En Estados Unidos y Canadá también se han percatado de la situación, manifestada por los inversionistas por reformas del Gobierno como esta o la eliminación de órganos reguladores autónomos.
Calificadoras como Fithch o entidads como CitiBanamex o Morgan Stanley están pendientes de los riesgos de aprobar las propuestas del presidente.
La Embajada de EE.UU. insististe en su preocupación
La Embajada de Estados Unidos en México reiteró este martes al presidente mexicano que «preocupa mucho» la reforma judicial del Gobierno tras la «pausa» diplomática que anunció el mandatario por las críticas a la iniciativa para elegir por voto popular a los jueces.
El embajador Ken Salazar divulgó en sus redes sociales la nota diplomática que envió a la Cancillería mexicana en la que «Estados Unidos apoya el concepto de reforma judicial en México», pero señala que «preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca al Poder Judicial».
«Mientras trabajamos de manera conjunta como socios para hacer realidad la integración económica de América del Norte y abordar los desafíos de seguridad compartidos que afectan directamente a nuestros dos pueblos, es del interés de los Estados Unidos identificar los acontecimientos que limitarían innecesariamente nuestra capacidad para alcanzar esos objetivos juntos», estableció.
Salazar difundió la carta horas después de que López Obrador anunciara en su conferencia matutina una «pausa» en su relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por las advertencias de los diplomáticos sobre los riesgos de la reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial en México.
El mandatario cuestionó al representante de Washington, quien alertó el jueves pasado de que la reforma judicial del Gobierno pone en «riesgo» la democracia en México y la relación comercial con Estados Unidos, además de advertir de que la elección popular de jueces facilitaría la intromisión de los cárteles en la justicia.
El Gobierno de México envió el viernes pasado una nota de protesta a la Embajada de Estados Unidos porque su crítica «representa una acción inaceptable de injerencia» y «contraviene la soberanía» nacional.
Pero en la nota de respuesta que compartió Salazar, la sede diplomática estadounidense «afirmó» el «máximo respeto por la soberanía de México».
La Embajada sostuvo que «Estados Unidos sigue apoyando el compromiso de México de fortalecer el Estado de derecho a través de la reforma judicial con el objetivo de crear un Poder Judicial que goce de independencia, autonomía y legitimidad».
«Estados Unidos desea continuar su estrecha colaboración con México para alcanzar nuestros objetivos compartidos como socios iguales y en el espíritu de amistad que refleja nuestros lazos de antaño», apuntó.
