Argentina pide a la Corte Penal Internacional una orden de detención contra Maduro

La Cancillería argentina ha intensificado su postura frente al régimen de Nicolás Maduro al instar a la Corte Penal Internacional (CPI) a emitir una orden de detención contra el presidente venezolano y otros altos dirigentes. Esta solicitud surge en medio de un agravamiento de la situación en Venezuela, particularmente tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio, ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional.

El comunicado de la Cancillería argentina señala que desde los comicios de julio, se han producido nuevos hechos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, lo que justifica la necesidad de que la CPI intervenga. En este sentido, Argentina planea presentar el próximo lunes un informe ante la Fiscalía de la Corte, argumentando que las pruebas recabadas hasta la fecha, junto con los eventos posteriores a las elecciones, son suficientes para que se emitan órdenes de detención contra Maduro y otros líderes de su gobierno.

Además, el comunicado recuerda que el pasado 19 de julio Argentina decidió reincorporarse a la denuncia presentada en 2018 ante la CPI contra el gobierno venezolano, de la cual se había retirado en 2021 durante la administración de Alberto Fernández. Esta reincorporación subraya el compromiso del actual gobierno argentino con la justicia internacional y su determinación de apoyar el enjuiciamiento de aquellos responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela.

La postura del gobierno de Javier Milei ha sido clara desde un principio. Tras denunciar un fraude en las elecciones venezolanas, el 7 de agosto reconoció públicamente a Edmundo González Urrutia como el «ganador indiscutido» de los comicios, desafiando el resultado oficial que declaraba a Maduro vencedor. Esta declaración llevó al gobierno venezolano a expulsar al personal diplomático argentino de Caracas, una medida que también aplicó a otros seis países de la región.

Con esta acción, Argentina refuerza su condena al régimen de Maduro y se posiciona como un actor clave en la lucha por la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos en Venezuela, abriendo un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países.