Tusk prosigue su asalto a la independencia de los jueces

«De conformidad con el artículo 15 § 3 en relación con el artículo 13 § 3 de la Ley de 8 de diciembre de 2017 sobre el Tribunal Supremo (Diario de Leyes de 2024. Punto 622), designo al Sr. Krzysztof Andrzej Wesołowski, juez del Tribunal Supremo, presidente de la asamblea de jueces de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que elige a los candidatos al cargo de presidente del Tribunal Supremo que dirige los trabajos de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo».

Este es el decreto, publicado el 27 de agosto por el «Monitor Polski», equivalente polaco del Boletín Oficial del Estado, si bien es utilizado más para promulgar los actos jurídicos vinculantes.

El decreto en cuestión fue iniciativa del presidente de Polonia, el conservador Andrzej Duda, dentro del bloque de competencias que le atribuye la Constitución. Un bloque dividido, a su vez, en dos partes: la primera abarca las prerrogativas propias del presidente y están estrictamente definidas.

Treinta de ellas se enumeran en el artículo 144.3 de la Constitución de la República de Polonia. La segunda contempla todos los actos oficiales del presidente que no estén clasificados como prerrogativas. Por lo tanto, requieren una firma que refrende la actuación presidencial y que asuma la responsabilidad ante el Parlamento, pues el jefe del Estado goza de inmunidad por los actos cometidos durante su mandato. En este caso el decreto ha sido refrendado por el propio Decreto polaco en su condición de primer ministro.

El problema está en que el protagonista del decreto, el magistrado Krzysztof Andrzej Wesołowski, fue nombrado para el Tribunal Supremo tras las reformas judiciales del anterior gobierno conservador. Los jueces nombrados durante la era PiS han sido considerados ilegítimos por los partidos liberales de izquierda que gobiernan desde hace ya un año.

El primer ministro se dio cuenta de que había cometido un «error» tras la denuncia de dos de los «viejos» jueces de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que se negaron a reconocer la legitimidad de Wesołowski. Tusk anunció entonces que revocaba su refrendo, alegando que ha de firmar docenas de documentos oficiales cada día y que, en este caso, sus servicios no habían reparado en el error antes de someter el texto a su aprobación.

Un bandazo, admitido en X —anteriormente Twitter— que ha sido duramente criticado por juristas de prestigio. Dos argumentos sobresalen de entre las objeciones. Por una parte, los juristas sostienen que, si bien un acto puede ser derogado, no es el caso de una firma. Por otra, que no hay disposiciones legales que permitan la retirada de dicho refrendo —el de Tusk— y que introducirlas podría generar el caos y la inseguridad jurídica.

El caso no traspasaría el ámbito de las divergencias entre juristas, si no fuera porque la polémica ha estallado en plena presentación de un proyecto de ley encaminado a estrechar el control sobre la judicatura, pues apunta específicamente a los jueces nombrados o ascendidos después de 2018. Según el texto hecho público el pasado 6 de septiembre, Tusk y su ministro de Justicia, Adam Bodnar, solo conservarán su puesto los jueces para los que este haya sido su primer nombramiento tras graduarse en la Escuela Nacional de la Magistratura y la Fiscalía.

Aquellos jueces que fueron promovidos a puestos superiores después de 2018 recibirán un trato diferente. Los ascensos de algunos de ellos serán revocados tres meses después de la entrada en vigor de la ley, y serán reincorporados a sus puestos anteriores. También estarán sujetos a procedimientos disciplinarios. Otros jueces ascendidos, para seguir en el cargo, tendrán que declarar que se arrepienten de su decisión. Entonces, podrán reincorporarse a los tribunales y podrán competir por diversos puestos.

Según la web del think-tank conservador «Ordo Iuris», de ser aprobada, la ley «afectaría a alrededor de un tercio de los jueces polacos, pues independientemente del proyecto de ley anunciado, desde principios de año se ha producido una oleada de nombramientos judiciales impulsados por Bodnar en los tribunales más importantes del país, a menudo en condiciones jurídicas cuestionables, y tras hacerse con el control de la Fiscalía en todo el país a raíz de la sustitución ilegal (realizada sin la preceptiva aprobación del Presidente de Polonia) del Fiscal Nacional».

Unas intenciones que cuentan con el apoyo entusiasta de la Comisión Europea: la titular de la cartera de Justicia Vera Jourova, encargada de hacer respetar las reglas del Estado de derecho en los Estados miembros, felicitó en público a Bodnar a finales de agosto: «Adam, estás haciendo un gran trabajo en tu puesto. Estás intentando arreglar el sistema judicial. Confío en ti porque estás dispuesto a perder popularidad». Con relación a las reformas judiciales de Hungría, su tono fue mucho más amenazante.