La ONU acusa a Maduro de una «represión sin precedentes» y «crímenes de lesa humanidad»

Un nuevo informe de la ONU, elaborado por la misión en Venezuela de la organización internacional, denuncia que el régimen de Nicolás Maduro intensificó «dramáticamente» sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente.

En esta misma línea, los funcionarios de la ONU aseguran que las violaciones y crímenes documentados, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas, no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al Ejecutivo de Maduro.

«Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia», ha asegurado Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos. «Aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos».

El informe de la Misión, que examina la situación de los derechos humanos en el país sudamericano entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, indicó que se ha alcanzado un nuevo hito en el deterioro del estado de derecho tras las elecciones presidenciales de julio. Las autoridades públicas, señala el informe, han abandonado toda apariencia de independencia y, en la práctica, muchas garantías judiciales han perdido su efectividad, dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder.

En el período previo a las elecciones, de diciembre de 2023 a marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas bajo el argumento de lo que el Gobierno venezolano describió como conspiraciones en su contra, y se emitieron órdenes de arresto para otras personas. Entre estas se incluyen personal militar, así como defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política.

Solo durante el mes de julio, la Misión documentó más de 120 personas arrestadas en el contexto de eventos de campaña de la oposición. En la primera semana de protestas posteriores a las elecciones, según cifras de las propias autoridades, más de 2.000 personas fueron detenidas. Estos individuos, incluidos más de un centenar de niños, algunos con discapacidades, fueron acusados de terrorismo e incitación al odio.

Las indagaciones incluyen lo que ha ocurrido en la fase crítica que se abrió el pasado 28 de julio, día en el que se celebraron elecciones en las que el Consejo Nacional Electoral(CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro, sin presentar las actas de votación que lo certifiquen.

La oposición, por el contrario, publicó la mayor parte de esas actas para apoyar que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el ganador por un amplio margen.

Valiñas sostuvo que la respuesta represora de las fuerzas de seguridad y de grupos civiles armados alineados con el Gobierno fue «orquestada por los más altos niveles civiles y militares del gobierno, incluido el presidente Maduro».

«No sólo no ha habido mejoras (en derechos humanos), sino que las violaciones se han intensificado, alcanzando niveles de violencia sin precedentes en el contexto postelectoral», recalcó. Indicó que la Misión ha documentado 25 muertes durante las protestas, la mayoría de jóvenes menores de 30 años y de barrios populares.