Los militares de Ecuador toman el control de las hidroeléctricas tras los nuevos apagones

El gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa, ha ordenado este martes la intervención de las Fuerzas Armadas en las principales centrales hidroeléctricas del país. Esta medida se toma como respuesta a la grave crisis energética provocada por una prolongada sequía que ha disminuido drásticamente los niveles de agua en los embalses, afectando la capacidad de generación eléctrica. Los militares ahora custodian y apoyan en la operación de las hidroeléctricas para evitar posibles sabotajes, mientras el país se prepara para una serie de apagones programados.

Uno de los principales embalses afectados es el de Mazar, ubicado en la provincia de Azuay, que alimenta a tres plantas hidroeléctricas con una potencia total de 1.757 megavatios, una de las mayores fuentes de energía del país. El embalse ha sufrido una reducción significativa de sus reservas de agua debido a la falta de lluvias, en lo que el gobierno ha descrito como «el peor estiaje de los últimos 61 años». Además de Mazar, la central hidroeléctrica de Coca Codo Sinclair, la más grande de Ecuador, también ha sido militarizada, y se prevé que otras instalaciones energéticas del país sigan el mismo camino.

El ministro de Energía y Minas, Antonio Gonçalves, explicó que el personal militar recibirá capacitación técnica para colaborar con los ingenieros y especialistas de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), mientras se mantendrá una vigilancia constante en las instalaciones. Gonçalves destacó la importancia de esta medida para garantizar la seguridad de la infraestructura energética durante la emergencia.

Los apagones programados se realizarán entre las 22:00 y las 6:00, con el primero previsto para este miércoles y los siguientes entre lunes y jueves de la próxima semana. Esta crisis energética es la tercera que enfrenta Ecuador en menos de un año, y los cortes de energía afectarán a todo el país simultáneamente durante la noche, a diferencia de anteriores periodos de racionamiento que se dieron durante el día en distintas zonas.

Además de la emergencia energética, el país sigue enfrentando una crisis de seguridad vinculada al crimen organizado. Se ha decretado toque de queda en seis provincias y un municipio bajo estado de excepción, con la finalidad de enfrentar la violencia derivada del «conflicto armado interno» declarado a inicios de este año.