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Varias personas llevan en una camilla a un hombre rescatado de los escombros de un edificio derrumbado tras un bombardeo israelí, tras su rescate en el distrito de Saftawi en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza

Operaciones de rescate tras un bombardeo israelí, en el norte de GazaAFP

Gaza, tras un año de guerra: toda la población sufre pobreza y tres de cada cuatro edificios están derruidos

Estados Unidos ha instado a Israel a que permita la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino o, de lo contrario, se plantea retener parte de la asistencia militar que entrega a su mayor aliado en la región

La guerra en la franja de Gaza entra en su segundo año sin visos de una solución a corto plazo. Al contrario, Israel ha ampliado su ofensiva al Líbano y el conflicto en el enclave palestino ha pasado a ocupar un segundo plano. Sin embargo, desde hace do semanas, el Ejército israelí ha intensificado los ataques contra el norte de la Franja, especialmente en el campo de refugiados de Jabalia, donde los milicianos de Hamás vuelven a presentar una fuerte resistencia ante los soldados y tanques israelíes. El pasado 7 de octubre, coincidiendo con el primer aniversario de la masacre de la organización terrorista palestina contra el sur de Israel, las autoridades hebreas ordenaron la enésima evacuación del campamento.

La organización de Médicos Sin Fronteras (MSF), que cuenta con presencia en el terreno, advirtió el pasado viernes de que miles de personas se encontraban encerradas en Jabalia. «Nadie puede entrar ni salir, cualquiera que lo intente recibe un disparo», denunció Sarah Vuylsteke, coordinadora del proyecto de MSF. La organización explicó, a través de un comunicado, que las evacuaciones forzadas de viviendas y los bombardeos de barrios por parte de las fuerzas israelíes están convirtiendo el norte de Gaza en ruinas inhabitables. Según el Centro de Satélites de las Naciones Unidas (Unosat), el 66 % de todas las estructuras de la Franja han sufrido daños. El Ministerio de Salud del enclave, gobernado por Hamás, ha reportado más de 42.000 muertos y cerca de 100.000 heridos.

Asimismo, 1,9 millones de personas se han convertido en desplazadas y más de 70.000 viviendas han sido destruidas, dejando a innumerables familias sin hogar y cada vez más vulnerables, recoge un informe hecho público este jueves por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Irremediablemente, esta devastadora situación se ha trasladado a la ya de por sí enferma economía de los territorios palestinos, Gaza y Cisjordania. El estudio señala que los cuantiosos daños a las estructuras residenciales, comerciales y de otro tipo agravan aún más la terrible situación humanitaria del enclave palestino, «complicando las futuras iniciativas de recuperación y restringiendo la prestación de servicios esenciales y el acceso a ellos».

Los gazatíes han tenido que hacer frente a un aumento de los precios, con una inflación interanual que alcanzó el 248 %

En este sentido, el cese de la mayoría de las actividades económicas en Gaza, como consecuencia de la guerra, ha dado lugar a una reducción drástica de las oportunidades de subsistencia, al aumento de las tasas de paro y a una desesperación económica generalizada. El informe de la OIT recoge que la tasa de desempleo en la Franja se ha disparado hasta el 79,7 % mientras que el producto interior bruto (PIB) se ha desplomado un 84,7 %. A la evidente disminución de ingresos, los gazatíes tienen que hacer frente, además, a un aumento de los precios, con una inflación interanual que alcanzó el 248 % en agosto de 2024. Esto ha provocado una grave erosión en el poder adquisitivo de los habitantes de la Franja. Pero el dato más escalofriante que arroja el estudio de la OIT es que se calcula que casi el 100 % de la población vive ahora en la pobreza.

Situación crítica en Cisjordania

A pesar de que el escenario principal de la guerra que Israel declaró contra Hamás tras la masacre del 7-O se desarrolla en la franja de Gaza, Cisjordania también ha sufrido múltiples redadas del Ejército israelí, bombardeos, así como un incremento de la violencia sin precedentes. Esta crítica situación se ha trasladado al plano económico, y el territorio palestino presenta una tasa de desempleo del 34,9 %, mientras que el PIB ha caído un 21,7 %. Además, el porcentaje de personas en situación de pobreza ha aumentado, en el último año, del 12 % al 28 %.

El OIT señala que, en Cisjordania, la situación es «igualmente preocupante». Entre el 7 de octubre de 2023 y el 23 de septiembre de 2024, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó de que aproximadamente 1.390 ataques de colonos provocaron el desplazamiento de 277 hogares palestinos en toda la región. Durante el mismo período, se demolieron, destruyeron o confiscaron 1.725 estructuras, lo que provocó el desplazamiento de más de 4.450 personas. Con el objetivo de obstaculizar el paso a los palestinos, se han construido barreras o directamente cortado carreteras, lo que, como denuncia el informe, «ha restringido significativamente la capacidad de los palestinos para desplazarse a sus lugares de trabajo y realizar actividades comerciales».

El cierre del mercado laboral israelí a los trabajadores palestinos ha tensado aún más sus medios de vida. Antes del inicio de la guerra, unos 190.000 trabajadores palestinos estaban empleados en Israel y los asentamientos. Sin embargo, actualmente solo unos 26.000 trabajadores palestinos siguen trabajando en el país hebreo. La OIT señala que una vez que se restablezca la paz «será vital fortalecer los sistemas de protección social, en particular vinculando las intervenciones humanitarias de corto plazo».

A este efecto, Israel ya ha recibido una doble llamada de atención en los últimos días. Estados Unidos, su mayor aliado, ha concedido al Gobierno de Benjamin Netanyahu un plazo de un mes para que permita la entrada de ayuda humanitaria a Gaza o, de lo contrario, ha amenazado con retener parte de la asistencia militar que entrega puntualmente al Estado judío. Por su parte, el Tribunal Supremo israelí instó al primer ministro a que presente un informe, antes del 11 de noviembre, sobre el bloqueo que impide evacuar a los heridos civiles de la Franja.

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