Así acosa Tusk a los medios públicos, a los políticos conservadores y al poder judicial de Polonia

«Todo será hecho con arreglo a la ley tal y como la entendemos». «Tomaremos medidas que podrían ser ilegales, pero lo tenemos que hacer». Ambas frases fueron pronunciadas por Donald Tusk, actual primer ministro de Polonia, antes de asumir el cargo. Y ambas hacen que el universitario polaco-belga Sébastien Meuwissen no tenga reparos en equiparar al mandatario con Louis Antoine de Saint-Just, aquel fiel entre los fieles de Robespierre, que pasó a la posteridad con aquel personaje que ha pasado a la posteridad con la terrible frase «No hay libertad para los enemigos de la libertad».

Si Meuwissen se permite esa comparación con un personaje sanguinario de la Revolución Francesa se debe a las constantes violaciones de Estado de derecho cometidas por el Gobierno de Tusk desde hacen algo más de un año, cuando tomó posesión. El académico enumeró las principales de ellas ayer, durante una charla celebrada en la sede madrileña del Centro de Derechos Fundamentales.

Meuwisssen las clasifica en tres bloques. El primero tiene que ver con el asalto a los medios de comunicación públicos, «en un país donde la mayoría de los privados son nítidamente progresistas». Una situación que no es suficiente para el actual Gobierno. Meuwisssen denuncia que ha nombrado fieles para sesgar la línea informativa de los medios controlados por el Estado, principalmente la Tvp (televisión pública), la Polskie Radio y la agencia de prensa Pap. En relación con la primera, «fue puesta en liquidación judicial» -sin que estuviera en quiebra- para, con posterioridad, reconstruirla de forma más «fiable». Un conjunto de medidas tomadas «obviando las advertencias del Consejo Nacional de Medios y hasta un fallo del Tribunal Constitucional». «Ya buscaremos una justificación legal más adelante», aseguraron desde el Gobierno, según Meuwisssen.

Tras los medios, el Gobierno de Tusk ha proyectado sus garras sobre los partidos de la oposición. Por ejemplo, al privar -la iniciativa correspondió al presidente del Parlamento- de su condición de diputados que habían sido previamente indultados por el presidente de la República, el conservador Andrzej Duda. En un primer momento, el Tribunal Supremo respaldó al presidente del Parlamento. Sin embargo, el Tribunal Constitucional terminó anulando el fallo, después, eso sí, de que ambos parlamentarios fueran detenidos. El Gobierno, con todo, ha obtenido una victoria: hace un mes, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa levantó la inmunidad de uno de sus miembros, también diputado de derechas del Parlamento polaco. Pero la Asamblea con sede en Estrasburgo –cuyos miembros, a diferencia de la Eurocámara, son designados por los parlamentos nacionales– «demostró a través de ese acto que la doble retirada de la inmunidad [la polaca y europea], decidida por Polonia, fue ilegal».

La tercera vertiente de la estrategia de ajuste de cuentas –por no hablar de caza de brujas– desatada por Tusk contra cualquier herencia del anterior Gobierno conservador es la del Poder Judicial. Entre los ejemplos del acoso permanente, Meuwissen destaca la «prueba de independencia judicial» a la que han sido sometidos alrededor de 2.500 jueces nombrados por Mateusz Moraviecki, el antecesor de Tusk, «es decir, un tercio de toda la magistratura polaca». Los destinarios, mediante encuentros cara a cara con sus superiores, debían «lamentar haber sido nombrados por la anterior mayoría». Un procedimiento que Meuwissen califica de «arrepentimiento activo», y que considera poco compatible con la práctica de una democracia sana.

Mas parece que Tusk se dispone a ralentizar este ritmo frenético. En declaraciones a El Debate, Meuwissen asegura que la proximidad de la elección presidencial, así como el cada vez mayor malestar de la ciudadanía para con la situación económica de Polonia le han obligado a alterar el orden de sus prioridades. «El deterioro ha hecho mella en su índice de popularidad».