El candidato Calin Georgescu en una protesta por la anulación electoral
¿Qué puede pasar ahora en Rumanía tras la decisión del Constitucional de anular las elecciones?
La reciente decisión del Tribunal Constitucional de Rumanía de anular los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 24 de noviembre, ha sacudido al país. El candidato Călin Georgescu, quien había obtenido una victoria contra todo pronóstico, ha quedado fuera del proceso tras la denuncia de una presunta maquinaria propagandística en redes sociales y financiamiento ilegal. Esta decisión, aunque tomada, según las autoridades, en nombre de la defensa democrática, está siendo cuestionada por sectores que consideran que el tribunal ha socavado la voluntad popular y expuesto las debilidades estructurales de la política rumana.
El fallo del Constitucional, basado en informes de los servicios secretos que apuntan a la manipulación del proceso electoral mediante TikTok, ha dividido a la sociedad rumana. Por un lado, sectores proeuropeos celebran la anulación como un acto de justicia y una forma de proteger el proceso democrático de injerencias externas, como la supuesta implicación rusa en el caso de Georgescu. Por otro, muchos ciudadanos, incluidos los partidarios de la candidata centroderechista Elena Lasconi, con quien se habría medido en la segunda vuelta de las elecciones, denuncian que la decisión del Tribunal es un ataque a la soberanía del voto.
Para los críticos, la invalidación de los resultados a tan solo dos días de la segunda vuelta presidencial no solo es «aberrante» desde un punto de vista legal, sino también contraproducente desde una perspectiva política. La indignación es palpable entre muchos rumanos, quienes sienten que el país está atrapado entre una clase política ineficaz y un sistema judicial que, aunque intenta corregir el rumbo, lo hace a costa de exacerbar las tensiones sociales.
Injerencia rusa y propaganda digital
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es el papel de TikTok y la presunta injerencia rusa. Según los documentos desclasificados, la campaña de Georgescu se benefició de una red de más de 20.000 cuentas falsas diseñadas para amplificar su mensaje. Las investigaciones también señalan un presunto financiamiento de un millón de euros por parte de Bogdan Peschir, un empresario bajo sospecha de lavado de dinero.
El impacto de la propaganda digital en los procesos democráticos es un problema global, pero en Rumanía, un país con altos niveles de pobreza y desigualdad, la narrativa de Georgescu caló hondo en sectores vulnerables. A pesar de las irregularidades, para algunos rumanos, la victoria de Georgescu representaba una ruptura con la política tradicional. Su eliminación del proceso electoral alimenta las teorías de conspiración y podría fortalecer el bloque extremista en futuras elecciones.
La gente pasa junto a los carteles electorales con los candidatos a las elecciones presidenciales y parlamentarias en Bucarest, Rumanía
El contexto político es aún más delicado debido a que el mandato del presidente Klaus Iohannis expira el 21 de diciembre, mientras que las negociaciones para formar un nuevo Gobierno tras las elecciones legislativas del 1 de diciembre siguen estancadas. El partido de Georgescu, que obtuvo el 33 % de los votos en dichas elecciones, ve en esta crisis una oportunidad para consolidar su posición. George Simion, líder de la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), ha convocado protestas contra el fallo del Tribunal Constitucional, afirmando que «la democracia ya no existe en Rumanía».
Mientras tanto, el resto de las fuerzas políticas intentan reorganizarse. Organizaciones civiles han instado a los partidos proeuropeos a unirse tras un candidato único para enfrentar al bloque de Georgescu en unas futuras elecciones presidenciales. Finalmente, los líderes de los cinco principales partidos europeístas han accedido a presentarse bajo una misma coalición. Sin embargo, esta estrategia es incierta y corre el riesgo de intensificar la polarización.
La decisión del Tribunal Constitucional también plantea interrogantes sobre la capacidad de las instituciones rumanas para gestionar la crisis. Aunque el presidente Iohannis ha intentado calmar las aguas al permanecer en el cargo hasta que se celebren nuevos comicios, muchos ciudadanos desconfían de la capacidad del sistema político para garantizar unas elecciones justas y transparentes.
Un país en la encrucijada
Rumanía enfrenta una prueba de fuego para su democracia. Si bien es esencial abordar las irregularidades en el proceso electoral y prevenir futuras injerencias extranjeras, muchos temen que la anulación de las elecciones pueda sentar un precedente peligroso. La percepción de que el sistema puede invalidar los resultados electorales, aunque sea con razones legítimas, podría erosionar aún más la confianza pública en las instituciones.
En este contexto, la comunidad internacional observa con atención. La Unión Europea y Estados Unidos han expresado su apoyo al orden democrático en Rumanía, pero también subrayan la necesidad de que el país resuelva sus problemas internos sin interferencias externas. No obstante, el respaldo internacional difícilmente calmará a una población cada vez más desencantada con su clase política.
