El juez niega la inmunidad a Donald Trump en caso de Stormy Daniels y su condena sigue en pie
El juez Juan Merchan aclara que la inmunidad presidencial no cubre actos no oficiales, mientras la sentencia queda pospuesta tras su elección como presidente
El juez Juan Merchan rechazó este lunes la solicitud de inmunidad judicial presentada por la defensa de Donald Trump en el caso de falsificación de registros comerciales, por el cual el presidente electo fue condenado en mayo de este año. El magistrado afirmó que la protección jurídica otorgada por el Tribunal Supremo a presidentes y expresidentes de Estados Unidos no se aplica a situaciones ajenas a las funciones oficiales del cargo.
En su escrito, Merchan explicó que el fallo del Supremo, emitido el pasado verano, garantiza inmunidad únicamente para actos relacionados con el ejercicio de las responsabilidades presidenciales. Dado que las acusaciones contra Trump se centran en un pago efectuado durante su campaña electoral de 2016 para presuntamente silenciar a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, estos hechos no pueden considerarse como parte de sus funciones oficiales.
El juez, sin embargo, aún no se ha pronunciado sobre otra moción presentada por los abogados de Trump, quienes buscan desestimar su condena basándose en su reciente elección como presidente el pasado 5 de noviembre.
El juicio por la falsificación de registros comerciales es el único caso penal en el que Trump ha sido condenado. La sentencia, que debía emitirse tras el veredicto del jurado en mayo, ha sido aplazada indefinidamente por Merchan desde la victoria electoral del republicano. Este retraso genera interrogantes sobre el impacto de la presidencia de Trump en los procesos judiciales pendientes.
Gracias a su reciente triunfo electoral, Trump también ha conseguido sortear dos investigaciones federales altamente mediáticas: una relacionada con su supuesta responsabilidad en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, y otra sobre el manejo indebido de documentos clasificados tras su salida de la Casa Blanca. En ambos casos, el fiscal especial Jack Smith optó por archivar las acusaciones, lo que ha generado críticas y especulaciones sobre el alcance del poder ejecutivo en situaciones legales complejas.
El caso en Nueva York, vinculado a un presunto pago de 130.000 dólares a Daniels para evitar un escándalo durante la campaña presidencial de 2016, ha sido un elemento constante en el largo historial de polémicas legales de Trump. Según los fiscales, este pago se registró de forma fraudulenta en los libros contables de la Organización Trump como honorarios legales, lo que llevó a la condena por falsificación.
Mientras tanto, la posposición de la sentencia y el archivo de las causas federales reflejan las complejas interacciones entre la política y el sistema judicial en el país. Con su retorno a la Casa Blanca programado para enero, Trump enfrentará un escenario donde las implicaciones legales de sus acciones pasadas seguirán influyendo en su presidencia y en el panorama político estadounidense.