¿Por qué Trump saldrá limpio de (casi) todos sus casos judiciales tras ser reelegido presidente?

El pasado 5 de noviembre Donald Trump tenía literalmente su vida en juego. Desde su seguridad personal, asignada normalmente hasta por cinco años después de dejar la presidencia, hasta su libertad y patrimonio dependían en gran medida de que resultara reelecto y regresara a la Casa Blanca.

Los juicios penales contra el líder republicano, una vez electo indiscutiblemente como el sucesor de Joe Biden, no solo pierden lógica sino el efecto útil desde el punto de vista legal. La primera pieza de este escudo protector fue puesta el 1 de julio por el Supremo de Estados Unidos.

A instancia de la defensa de Trump y como parte del caso penal en su contra por la supuesta interferencia electoral para revertir los resultados de 2020, la Corte Suprema de Justicia de EE. UU. decidió por mayoría darle la razón al expresidente que alegaba que cuando sucedieron los hechos imputados gozaba de inmunidad presidencial y, por tanto, no podría ser procesado.

Seis de los nuevos magistrados del alto tribunal concluyeron que los presidentes estaban protegidos de ser procesados por acciones oficiales en el ejercicio de su cargo, pero podían enfrentar cargos por conducta no oficial.

En la sentencia de entonces, el presidente del Supremo, John Roberts, en representación de la mayoría, determinó de manera preventiva que las interacciones de Trump con funcionarios del Departamento de Justicia —para supuestamente revertir los resultados a nivel estatal— eran actos oficiales porque forman parte del poder ejecutivo y responden ante el presidente.

Roberts también explicó que la actuación de Trump con el vicepresidente Mike Pence para evitar la certificación de Biden en el Senado no podría ser examinada por la Justicia, ya que el hecho de que el presidente «hablara de sus responsabilidades con el vicepresidente formaba parte de sus responsabilidades oficiales».

En cuanto a lo expresado por Trump del 6 de enero, Roberts detalló que probablemente también estaban protegidos, ya que los discursos presidenciales eran una función integral del cargo.

Este precedente legal era una estocada mortal a las pretensiones de los fiscales federales que, sumado a las estrategias de la defensa de Trump de retrasar las posibles sentencias hasta después de las elecciones, dejaba en manos de los electores el futuro personal y político del líder republicano. Finalmente, el triunfo electoral de Trump completó la jugada perfecta para que el ahora presidente electo cabalgue triunfalmente y casi libre de cargas judiciales hacia la Casa Blanca.

Pero puede que Trump no resulte indemne de todo. Es posible que sus casos y condenas millonarias por difamación contra la escritora E. Jean Carroll y por exagerar el valor de sus participaciones empresariales para obtener ilegítimamente beneficios patrimoniales no se vean amparados por la inmunidad presidencial disfrutada durante su primer mandato y el segundo que está por iniciar.

El Supremo estadounidense dictaminó en la misma sentencia que los expresidentes no tienen inmunidad por sus actos no oficiales, por lo que aun regresando al cargo podría ser perseguible judicialmente por este tipo de causas civiles en la que nada tiene que ver su cargo de presidente.

El mandatario y su equipo legal podrían aún alegar que dichos casos «distraerían la atención del presidente e impedirían el funcionamiento del Gobierno», un argumento ya alegado, pero que no fue resuelto por el alto tribunal porque dependerá de cada caso concreto clasificar una actividad como oficial o no oficial.

De hecho, este argumento ya ha sido usado para pedir al juez Juan Merchan, que preside el caso del pago irregular a la actriz porno Stormy Daniels, que «desestime de inmediato» el caso para poder dar paso a una transición ordenada del poder en el país, como lo establece la Constitución.

En el caso que aún está pendiente de sentencia, Trump fue encontrado culpable por un tribunal de falsificar documentos para ocultar el pago de soborno que hizo a esta actriz porno durante su primera campaña electoral en el 2016.

Los abogados defensores de Trump, Todd Blanche y Emil Bove señalaron que la Constitución prohíbe dejar en manos «de un solo fiscal y gran jurado el poder práctico de interferir con la capacidad de un presidente elegido popularmente para llevar a cabo sus funciones constitucionales».

Los abogados pidieron al juez un plazo hasta el 20 de diciembre para presentar la moción con sus argumentos de por qué se debe desestimar la sentencia. Mientras tanto, la Fiscalía envió una carta a Merchan en la que le informan que se oponen a que se desestime el caso, pero dejan la puerta abierta a que el juez aplace el caso hasta que Trump finalice su mandato de cuatro años, en el 2029.