La hija de Edmundo González junto a su esposo e hijos
La hija de Edmundo González denuncia la desaparición forzada durante 60 días de su esposo: «No sé si sigue con vida»
Hace 15 días, la familia fue informada de que Rafael habría sido presentado ante tribunales especializados en delitos de terrorismo
dos meses después de la desaparición forzada de su esposo, Rafael Tudares Bracho, la hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha alzado su voz contra lo que califica como una «cruel e inhumana represión» ejercida por el Estado. En un comunicado, denuncia que su esposo fue detenido arbitrariamente el 7 de enero de 2025 frente a sus dos hijos por agentes de seguridad del gobierno, sin una orden judicial y sin que se haya informado oficialmente sobre su paradero.
«Hoy se cumplen 60 días desde que Rafael fue arrancado de nuestra familia. Desde entonces, no hemos tenido información concreta sobre su integridad física, su salud o siquiera si sigue con vida», expresó la denunciante, quien ha recorrido decenas de centros de detención en Caracas y sus alrededores en busca de respuestas. Sin embargo, las autoridades han mantenido un absoluto hermetismo sobre su paradero.
La desaparición de Tudares Bracho ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos dentro y fuera del país, quienes aseguran que este caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de persecución contra opositores y sus familias.
Hace 15 días, la familia fue informada de que Rafael habría sido presentado ante tribunales especializados en delitos de terrorismo, en una audiencia realizada en condiciones altamente irregulares. Según la denuncia, la fecha de la audiencia ha sido modificada en diversas ocasiones por las autoridades, impidiendo a la familia tener certeza sobre el proceso judicial. Además, se le asignó un defensor público que no estuvo presente en la audiencia, lo que, según expertos, representa una grave violación a su derecho a la defensa.
«No solo le han negado a Rafael un proceso justo, sino que lo mantienen desaparecido, en un limbo legal, sin permitirnos saber en qué condiciones se encuentra. Es claro que este es un caso de desaparición forzada que el Estado busca encubrir con un falso proceso judicial», afirma la hija del presidente electo.
Edmundo González
El caso ha generado preocupación en la comunidad internacional. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitieron un informe el pasado 28 de febrero, en el que alertaron sobre un «patrón generalizado de desapariciones forzadas en Venezuela», en el que estarían implicadas diversas instituciones del Estado, desde cuerpos de seguridad hasta el poder judicial.
En dicho informe, se insta a las autoridades venezolanas a revelar el paradero de las víctimas y a garantizar el respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no ha respondido a estos señalamientos.
Edmundo se suma a la denuncia
En un artículo de opinión que publica en el diario El País, González, el presidente electo de Venezuela relata que su yerno fue detenido el pasado 7 de enero cuando llevaba a sus hijos de 7 y 8 años a visitar a su abuela, recién operada, y aún desconocen su paradero.
El opositor denuncia la «desaparición forzada», pero afirma: «es la historia de muchas familias venezolanas que viven en un estado de constante incertidumbre, amenazadas y perseguidas».
«Soy el presidente electo por más de 7,5 millones de venezolanos y reconozco en cada voto la voluntad de cambio de mi país. Pero hoy también soy un venezolano más. Vivo lo que miles de compatriotas han sufrido: tengo un familiar secuestrado por el Estado», escribe en su artículo.
«Es el riesgo que corre cada ciudadano que se opone al autoritarismo, a la pérdida de derechos y libertades, y que anhela una vida digna. ¿Es eso un delito? No lo es», continúa.
El opositor venezolano asegura: «A Rafael lo mantienen en desaparición forzada solo por ser mi yerno, a pesar de que la Constitución venezolana establece que la responsabilidad penal de una persona no puede extenderse a sus familiares».
Y sostiene que ha podido saber que su yerno tuvo un «juicio clandestino» en el que le imputaron cargos de «traición a la patria, conspiración con gobiernos extranjeros y asociación para delinquir, los mismos delitos que me imputan a mí».
«A los familiares nos quieren silenciar, quieren detener nuestra lucha, quieren hacernos sentir culpables, cuando claramente el único culpable es el autoritarismo y sus prácticas de terrorismo de Estado», concluye.