La tercera bomba de Trump: dinamita para la burocracia

Podrá gustar más o menos, pero lo cierto es que el presidente Trump está cumpliendo a rajatabla con el programa que prometió para su segundo mandato. Primero llegó su famoso «cerrar la frontera». Y, en efecto, los encuentros fronterizos con migrantes ilegales —utilizados habitualmente como indicador de los cruces totales— han pasado de un pico de 250.000 en diciembre de 2023 a menos de 8.300 en marzo, según datos de la Agencia de Protección Fronteriza (CBP). Se trata del dato más bajo en más de tres décadas.

Después vino la bomba arancelaria. Ya se han escrito ríos de tinta sobre el fondo y la forma de su implementación, pero parece que la jugada final se asemeja bastante a lo que ya predijimos en estas páginas: tras el berrinche inicial del «marido que se entera de que su mujer ya no le quiere», la mayoría de los países han iniciado procesos de renegociación y reajuste de tarifas con EE.UU. La humillación pública a la que Trump ha sometido a algunos de sus aliados era innecesaria, y solo el tiempo dirá si acarreará consecuencias a largo plazo. Pero lo cierto es que la cuenta atrás de 90 días que el presidente se ha impuesto como límite ya ha comenzado a rendir frutos: delegaciones de más de 70 países han aterrizado en Washington para renegociar sus relaciones comerciales. Y el nuestro, poniéndole flores a Ho Chi Min... Sin comentarios.

Trump haría bien en cerrar estos procesos mucho antes de que expire ese plazo. En cuanto a China, ya es evidente que, o Pekín modifica radicalmente sus políticas mercantilistas, o se producirá un desacoplamiento brusco entre la economía estadounidense y la del Partido Comunista. Una Europa despechada haría mal en abrazar al tigre chino si no quiere sufrir el mismo nivel de desindustrialización que ha llevado a EE.UU. a romper la baraja. Recordemos que la producción industrial sigue representando el 20 % del PIB en Alemania, mientras que en EE.UU. apenas alcanza el 10 %.

La siguiente revolución trumpiana

Mientras todo esto ocurría, ha pasado desapercibida la tercera bomba que Trump prometió durante su campaña: la desregulación de la economía. La bajada de impuestos —la otra gran promesa— requiere un engorroso proceso legislativo que ya se ha iniciado, pero cuyo desenlace no depende exclusivamente del Ejecutivo. La reducción del estado federal, liderada por Musk, ya está encaminada. En cambio, la desregulación está a punto de estallar en la cara del «estado administrativo», y si se ejecuta con rapidez y profundidad, puede tener el efecto contrario al de la guerra arancelaria: reducción de costes y aumento de la productividad.

El 19 de febrero, el presidente firmó una orden ejecutiva que instruye a todos sus secretarios de departamento a revisar cada una de las regulaciones impuestas por sus respectivas agencias, y a proponer —en menos de 60 días— cuáles deben eliminarse por ser ilegales o contrarias al interés público. Ese plazo expira el 20 de abril. Si les pareció violenta la guerra judicial entre la Administración Trump y el aparato burocrático hasta ahora… prepárense para lo que viene.

Una de las mayores barreras históricas a la desregulación ha sido el Administrative Procedure Act (APA), que exige un largo proceso de información y comentarios públicos antes de que pueda promulgarse o eliminarse una regulación. Este sistema ha sido utilizado por lobbies para bloquear, retrasar o directamente sabotear cambios regulatorios. Así, cuando finalmente se resuelve el embrollo legal, la administración que inició el proceso ya ha dejado de existir.

Un ejemplo paradigmático es el del gasoducto Keystone XL: iniciado en 2008, fue abandonado en 2021 no porque se denegaran permisos, sino porque el proceso de comentarios aún no había concluido. Otro caso aún más kafkiano: la EPA (agencia medioambiental) propuso una regulación para limitar emisiones de plantas eléctricas en 2013; entre litigios y objeciones, no solo nunca entró en vigor, sino que en 2019, tras varios casos ante el Supremo, fue sustituida por una versión más favorable al carbón. Tanto demócratas como republicanos han usado el laberinto burocrático para bloquearse mutuamente. ¿Resultado? La voluntad del votante queda sistemáticamente neutralizada.

La estrategia Trump para dinamitar el pantano

La Administración Trump parece decidida a usar una bomba nuclear para evitar que sus esfuerzos desregulatorios sufran el mismo destino. El APA prevé una excepción a su procedimiento si se demuestra que la regulación es contraria al interés público. Trump, sabedor de que los demócratas ya han cargado sus trabucos, está alegando que muchas de estas regulaciones son directamente inconstitucionales. Difícil defender que algo es de «interés público» si es incompatible con la Constitución, ¿no?

Además, la Corte Suprema presidida por John Roberts ha ido allanando el camino con fallos que expanden la libertad del Ejecutivo para implementar su programa político. Las dos áreas donde se notará más esta ofensiva son el sector financiero y el energético.

En banca y finanzas, el secretario Bessent ya ha anunciado la dirección: potenciar la banca regional frente a los colosos de Wall Street, adaptar los requerimientos de capital y reservas —alejándose de los criterios de Basilea III— para favorecer a la banca nacional, y permitir que ciertos activos (como la deuda pública) no computen a efectos de reservas. También se reformará la supervisión bancaria, enfocándola en el riesgo real y no en ratios artificiales que encarecen el negocio esencial de un banco: prestar dinero.

En el sector energético, Trump ha declarado una «emergencia nacional» para agilizar proyectos de combustibles fósiles, eliminar subsidios a la energía solar y eólica, e impulsar la exportación de gas natural licuado. El objetivo: reducir los costes energéticos. La energía representa cerca del 7 % del IPC, y su influencia real es aún mayor si se considera su efecto sobre alimentos y transporte. Pero a diferencia del sector financiero —donde los actores suelen ser más técnicos y menos ideológicos—, aquí Trump se enfrentará a un lobby verde radicalizado, con terminales mediáticas y redes activistas bien engrasadas. El caso Keystone ya demostró su capacidad para sabotear políticas que desafían su ortodoxia.

La batalla está servida, pero el vencedor no está claro

En cierta medida, las batallas que ahora libra Trump redefinirán durante décadas los límites del poder presidencial. Si logra domar al «Estado administrativo», puede realinear el equilibrio entre Ejecutivo, Legislativo y burocracia de forma duradera. Pero atención a los litigantes: el Partido Demócrata haría bien en medir su oposición, porque si logran ponerle límites a Trump, esos mismos límites podrían volverse contra ellos el día que regresen al poder.