La ilusión constitucional chilena

Chile entra de nuevo en la incertidumbre constitucional. Luego del masivo rechazo a la propuesta debatida durante un año por una convención fracasada, la casi totalidad de los partidos políticos ha firmado ahora el denominado «Acuerdo por Chile», que pone a correr un nuevo proceso que debería terminar en noviembre de 2023 con otro plebiscito ratificatorio.

Aunque en esta ocasión se han tomado resguardos para eliminar los aires refundacionales del proyecto anterior, resulta inevitable plantearse una pregunta ineludible: ¿era necesario relanzar el proceso constitucional?

Se fijaron 12 bases con contenidos mínimos que no podrán ser sobrepasados ni vulnerados; se entregó la redacción inicial a 24 expertos que serán elegidos por el Congreso; se elegirán 50 miembros de un Consejo Constitucional de acuerdo con las normas que rigen la elección del Senado; habrá un comité de admisibilidad compuesto por 14 juristas que supervisará el resultado; el voto, tanto en la elección de los consejeros como en el plebiscito de salida, será obligatorio.

Son precauciones sensatas que limitan las posibilidades de que el producto final se parezca al mamarracho que resultó desechado por el 62 % del electorado en septiembre.

El problema no parece ser el proceso en sí, sino el costo alternativo que pagará un país con múltiples urgencias al concentrar por largo tiempo sus esfuerzos en el proceso de redacción y ratificación constitucional

El problema no parece ser el proceso en sí, sino el costo alternativo que pagará un país con múltiples urgencias al concentrar por largo tiempo sus esfuerzos en el proceso de redacción y ratificación constitucional y luego, de ser acogida la propuesta, en la adaptación de las normas subalternas al nuevo texto constitucional. Eso, en una sociedad que enfrenta inconvenientes graves que reclaman atención inmediata y cuya falta de resolución pone a prueba la paciencia de la ciudadanía.

De hecho, mucho más que cualquier necesidad constitucional, lo que explica en buena medida el estallido del 18 de octubre de 2019 es precisamente la nula capacidad de la dirigencia y de un Estado anquilosado para dar respuesta satisfactoria a cuestiones que se arrastran por años.

Demandas y necesidades

La lista es larga y creciente. Al tope de ella se encuentra la inseguridad ciudadana, con aumentos drásticos en el número de homicidios; nuevos tipos de delincuencia, como el sicariato, que no se daban hasta hace poco en el país; auge de carteles narcotraficantes; niveles récord de temor entre la población; escasa eficiencia de la Policía y la Fiscalía; un sistema penal garantista que en ocasiones parece proteger más a los victimarios que a las víctimas; en definitiva, una extendida sensación de impunidad criminal que ha puesto a la gente a la defensiva.

Se suman a este crudo panorama la violencia terrorista indígena en el sur del país y una inmigración desatada en el norte, a menudo asociada a hechos criminales.

Problemas urgentes

Otros problemas urgentes: listas de espera cada vez más largas y numerosas en el sobreexigido sistema de atención de salud pública; elevada deserción escolar y violencia estudiantil en un sistema en el que los alumnos no aprenden; deterioro de los cascos urbanos en ciudades como Valparaíso y Santiago, cuyo mobiliario y patrimonio han sido arrasados, y se encuentran invadidos por el comercio ambulante y por carpas de personas sin techo.

Más: déficit crónico de viviendas y aumento sostenido del número de campamentos (chabolas), con habitantes que subsisten en condiciones precarias; crecimiento de la pobreza; derecho de propiedad amenazado por innumerables tomas de terreno e impunidad legal; la inflación más elevada en tres décadas, con los consecuentes alza de las tasas de interés y estancamiento de la actividad económica; desinversión y caída sostenida de la productividad; pensiones bajas e incertidumbre regulatoria en torno al sistema que terminará adoptándose (los tres últimos gobiernos han presentado reformas en torno al tema, pero ninguna ha visto la luz); desempleo; un programa de Gobierno desfinanciado y basado en proyecciones ilusorias de alza en la recaudación tributaria.

Chile está en crisis y necesita los mejores esfuerzos y la atención de sus políticos y burócratas

Uno esperaría que este aluvión de inconvenientes tuviera de cabeza a la clase política y a los funcionarios del Estado. Chile está en crisis y necesita los mejores esfuerzos y la atención de sus políticos y burócratas.

La justificación que exponen es que el país necesita vivir bajo una Constitución legitimada que no despierte reparos por su origen; pero la verdad es que lo que pone en riesgo la legitimidad de todo el sistema político en Chile es la crónica incapacidad de sus agentes para dar respuesta a reclamos ciudadanos que se prolongan sin solución por décadas.

Tenemos hoy por fin una constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de ChileRicardo LagosExpresidente, en 2005

La demanda por una «Constitución legítima» ha sido la reivindicación histórica de la izquierda, pese a que la carta de 1980 ha tenido cientos de enmiendas y a que, en 2005, tras la última gran reforma, el entonces presidente Ricardo Lagos aseguró de forma solemne que «tenemos hoy por fin una constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile».

El presidente Gabriel Boric podrá decir que puso la lápida a la «Constitución de Pinochet» con el aplauso de una centroderecha anestesiada por el miedo y la frivolidad conceptual

La centroderecha y la centroizquierda han terminado por hacer propia la tesis de la izquierda dura. Gracias al nuevo proceso constitucional acordado, el presidente Gabriel Boric podrá decir que puso la lápida a la «Constitución de Pinochet» con el aplauso de una centroderecha anestesiada por el miedo y la frivolidad conceptual, y que, como sostuvo con acierto un analista político hace unos días, ha preferido ubicarse «a la izquierda de su electorado».

Todo el país sabe que una nueva Constitución hará poco por solucionar los problemas de fondo que lo afectan

Lo tragicómico de esta situación no es solo el hecho de que Chile se distraiga al menos otro año entero en la conversación constitucional mientras debería estar enfrentando otros asuntos más urgentes que sí afectan de manera tangible la calidad de vida de sus ciudadanos, sino que todo el país sabe que una nueva Constitución hará poco por solucionar los problemas de fondo que lo afectan.

La pérdida de autoridad, la falta de confianza, la inflación de derechos no asociados a responsabilidad alguna, la radical ruptura de la convivencia familiar¸ la fragilidad del sistema educacional, el resentimiento de clase y la polarización no son asuntos que vaya a resolver un estatuto constitucional.

La clase política chilena ha convertido el tema constitucional en su droga

Pese a ello, la clase política chilena ha convertido el tema constitucional en su droga, un soma que solo profundiza la dependencia y distrae irremediablemente de los asuntos que definen la vida en conjunto de una comunidad herida en sus bases morales.

Solo el voluntarismo legalista de una clase política ensimismada puede sostener que al final del arcoíris constitucional que viene persiguiendo Chile desde hace años se encuentra el caldero de oro de la estabilidad y la armonía social. Ojalá fuera así de fácil.

• Juan Ignacio Brito es director del Centro de Estudios de la Comunicación (ECU) e investigador del centro Signos de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile