Colombia, un país a la deriva rumbo a los arrecifes

Con dolor patrio escribo estas líneas sobre la Colombia actual en medio de la trifulca política, social y económica que se vive en el mísero teatro Hispanoamericano, protagonizada por una asociación cleptócrata, entre el populismo autocrático ejercido por socialismo del siglo XXI y la transigente avenencia de la política tradicional, con la cual se remplazó la independencia de poderes, dejando estas democracias convertidas en mera evidencia nominal.

Todo lo que se llamó la Nueva Granada y fue fuente de gran riqueza para la Corona española, sigue teniendo un gran potencial como centro regional de comercio global, dada su localización estratégica y sus inconmensurables riquezas naturales: abundancia de agua y todo lo que de ella se deriva; una frondosa biodiversidad; un variado conjunto de fuentes energéticas y de todo tipo de minerales.

Lo anterior debería traducirse en que, una Colombia bien administrada, podría captar inversión suficiente para catapultar a toda la región caribe, andina y amazónica al pleno desarrollo ambientalmente sostenible, en esta era del conocimiento globalizado física y digitalmente.

Sin embargo, nuestra sociedad aqueja graves problemas culturales como una falencia educativa que permitió que la cultura mafiosa de la droga y el narcotráfico, permeara todas nuestras instituciones; el favorecimiento al delito acompañado del debilitamiento del Estado de Derecho y sus fuerzas armadas; el abandono del Estado a las regiones fronterizas; la multiplicación del delito y la inseguridad ciudadana; y la falta de unidad de propósito nacional a cuenta de la debilidad gremial, el individualismo y el inmediatismo que permiten que prolifere una clase dirigente de profesión politiquera y clientelista, dedicada a prácticas corruptas que desfondan el erario.

La población colombiana es víctima indefensa de una polarización extrema irreconciliable, donde la clase política tradicional no ha sido capaz de responderle al interés general y pierde el pulso por el poder frente a un populismo demagógico que se vale de todo tipo de retoricas embusteras para imponer ideologías absurdas y generar caos, desestabilizando la que fuera la más antigua y estable democracia regional.

La población colombiana es víctima indefensa de una polarización extrema irreconciliable

Aquella expresión muy española de «hacer la América», ya no es asunto de conquistadores de la época de los virreinatos, ni de artistas ni un escape fiscal de grandes conglomerados económicos europeos. Hoy presenciamos el saqueo criollo, claro está, influenciado ideológicamente por oscuros personajes de la calaña del juez Baltazar, Enrique Santiago y algunos otros horteras y proxenetas del narcoterrorismo comunista internacional.

Colombia es ahora una nave a la deriva, comandada por un pirata enajenado que funge de capitán, pero que perdió la brújula en medio de aquello que algunos llaman «Hybris» o la sumatoria de la insolencia, desmesura, soberbia, orgullo, osadía, violencia, insultos y prepotencia, que aquejan a aquellos que se embriagan con el poder y que en medio de sus complejos y resentimientos, tienen como único propósito el saqueo y la destrucción institucional.

Y si Alí Baba sólo tenía 40 ladrones, en nuestra nave criolla navegan como tripulantes toda suerte de tránsfugas, filibusteros, delincuentes y oportunistas que se pelean a muerte por el botín, mientras el pueblo y los líderes que en algún momento recuperaron un Estado fallido, parecen estar encadenados en las galeras.

El gobierno ha dado en tan solo un año un giro de 180 grados camino a la miseria como ocurrió en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Se ejerce en Colombia un nuevo concepto de la legitimidad del Estado fundamentado en la ilegitimidad de la legalidad constitucional, el cual los violentos, subversivos y alzados en armas siempre consideraron ilegítimo.

Este concepto consiste en acomodar la verdad histórica a una nueva narrativa ideológica y relativizar el delito, en la creación de sistemas paralelos de justicia confeccionados en función de la impunidad para los cabecillas del crimen organizado autores de crímenes de lesa humanidad, bajo la teoría de la conexidad del narcotráfico y el narcoterrorismo con el concepto de derecho de rebelión que deriva de un engañoso estatus de beligerancia y de la justificación indebida del crimen organizado, bajo el concepto ideológico de «conflicto armado» que de ninguna manera debe tener cabida en una democracia soportada por un Estado de Derecho.

Petro, al igual que lo hizo Santos, anuncia que se terminó la guerra entre el Estado y la insurgencia. Pero todos sabemos que la realidad es que se le entregó el Estado a la insurgencia

Petro, al igual que lo hizo Santos, anuncia en el Parlamento que se terminó la guerra entre el Estado y la insurgencia. Pero todos sabemos que la realidad es que se le entregó el Estado a la insurgencia.

En un año la extorsión reportada ha aumentado en un 21 %, el secuestro en un 16 2%, el tráfico de personas en 79 %, la deforestación para la producción y tráfico de cocaína se ha multiplicado, el robo y los hurtos subieron un 47 % y semanalmente se reportan matanzas en las regiones producto de acciones terroristas o enfrentamientos entre organizaciones criminales atadas al narcoterrorismo y a la minería ilegal como las FARC-EP, el ELN y otros grupos narcoterroristas.

En el Parlamento colombiano están sentados, gracias a la falsa paz de Santos en procura de su hipócrito premio Nobel, los más sanguinarios criminales y violadores que tenga cuenta la historia. Petro anuncia una paz total inalcanzable mientras exista la producción de cocaína, y promete subsidios para los vándalos con la estúpida excusa de que se les paga para que dejen de delinquir, y entre tanto desmanteló la capacidad operativa de las fuerzas armadas, impuso una tributación asfixiante para las empresas y la clase trabajadora, quiere destruir los sistemas pensionales y de salud pública, tiene abandonadas las vías y su ejecución presupuestal sólo se destaca por el incremento de costosos excesos y de la nómina burocrática.

La economía colombiana, que en 2021 registró un crecimiento histórico del 10,7 % y un parcial del 12,6 % al filo electoral del 2022, pasó a registrar un crecimiento negativo y está hoy doblegada por anuncios de expropiaciones y de que el gobierno suspende la exploración futura de hidrocarburos, por las fuerzas de un gigantismo burocrático caracterizado como una monstruosa cleptocracia, y por los efectos nefastos del crecimiento de las exportaciones ilícitas de coca, minerales y los contrabandos técnicos, atados a un ola inédita de lavado de dólares y de liquidación de activos con destino a sacar capitales productivos del país.

Crecen la informalidad, el desempleo, la economía negra, la dolarización de hecho, y una gran pérdida de talento y capital humano capacitado. La carestía afecta a toda la función de costos y el incremento de la deuda externa lleva el riesgo país al borde de niveles inmanejables para países en vía de desarrollo.

El colapso de nuestra nave parece ineludible. La ilusión de unas próximas elecciones limpias representa un inmenso interrogante, y un juicio político a Petro por toda clase de escándalos personales, familiares y que señalan presuntos delitos electorales en su campaña, que invalidarían su mandato, se torna utópico e imposible en medio de la gran corrupción y el compromiso ideológico existente en el Parlamento, las cortes y los entes de control públicos y electorales.

• Luis Guillermo Echeverri Vélez es ganadero, abogado y economista agrícola