Negociar la paz con gobiernos criminales: ¿eso es posible?

La candidata y líder de la oposición María Corina Machado (MCM), le ha insistido al Gobierno venezolano sobre la conveniencia de negociar su salida del poder, a través de «elecciones libres y limpias».

Naturalmente, eso ha causado algunas controversias que van desde el rechazo hasta el planteamiento de la imposibilidad práctica de que tal cosa ocurra.

Ciertamente el asunto no es fácil, aunque hay muchas experiencias de que eso es posible, como ocurrió en Polonia, Checoeslovaquia y Chile, solo para citar ejemplos conocidos, pero hay otros, como el derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez en Venezuela.

Sin embargo, en el caso venezolano, ahora, no se trata de negociar con un mal gobierno, es más bien, hacerlo con un gobierno criminal, psicopático, ideológicamente ambiguo y con pocos límites éticos.

No se trata, pues, de negociar con carteles de la droga, pandillas, maras, o grupos paramilitares, cuyo propósito es ganar dinero con negocios ilícitos, como se ha hecho en México, Colombia, Brasil, Ecuador, Belice o El Salvador, tampoco se pretende negociar, simplemente, con un grupo político adverso.

La situación en Venezuela, como en Cuba y Nicaragua, es una variante atípica e inédita, que combina el ejercicio del poder de un país, el control de la fuerza armada y el monopolio de la violencia, con actividades criminales cuyo propósito es el enriquecimiento a expensas del erario público.

Estamos entonces, frente a un grupo político y, al mismo tiempo, criminal y armado, dispuesto a permanecer en el poder por la fuerza, que utiliza la violencia política y la violencia criminal sin mayores distinciones, y que se involucra en actividades económicas ilegales para financiar su lucha política y garantizar su permanencia en el poder.

La situación en Venezuela es una variante atípica e inédita

¿Es posible negociar en estas condiciones y tener alguna probabilidad de éxito? Veamos.

En primer lugar, habría que señalar que se trataría de una «negociación conflictiva que se desarrolla en campo minado», la cual se caracteriza por ser forzada, no manejada, con motivaciones opuestas, contenciosa, polémica y a pérdida para una de las partes, en la que uno de los actores está inerme frente a un poder omnímodo, que quiere ganar destruyendo al otro.

En este tipo de negociaciones, una de las partes o ambas, frecuentemente recurren a asociaciones ilegales, convenios leoninos, pactos espurios, acuerdos de cúpulas y expresiones de abuso de poder, en las que se defienden los intereses con saña y se intenta lograr sus cometidos impidiendo la obtención de beneficios para los otros.

Esta modalidad se caracteriza por la prepotencia, las actitudes intransigentes, la retórica agresiva, la competencia, la deslegitimación y la desconfianza.

Hay que agregar que estas negociaciones puede plantear también, la necesidad de crear «incentivos perversos» como los que se aplicaron en el caso de Chile con Pinochet: inmunidad, concesiones políticas y hasta de seguridad personal, que resultarán odiosas y hasta inaceptables a algunos políticos y para la gente común, ansiosa de justicia, por lo que es necesario considerar la necesidad de un diseño muy cuidadoso, no solo de su contenido sino también de los componentes tendría y del momento en que se anuncian.

Al respecto hay lecciones ya aprendidas sobre negociaciones de paz entre grupos políticos que se deben tener en cuenta, como por ejemplo: el reconocimiento del otro; la importancia de empoderar a la gente y a sus comunidades; la amplia difusión de los beneficios a lograr; la neutralización de los saboteadores: la consolidación del compromiso de los aliados internacionales de ambas partes; y, la dilucidación de los beneficios políticos, legales y de seguridad personal que se está dispuesto a otorgar.

Habrá que hacer un duro trabajo, por cuanto estamos en un contexto que amalgama un conflicto político junto con un conflicto criminal, sobre el cual hay poca o ninguna experiencia, como se desprende de los intentos fallidos de negociar con los gobiernos de Cuba y Nicaragua.

En todo caso, la decisión de negociar va a depender, principalmente, del balance de poder entre las partes, y de la fortaleza de los argumentos que sustenten los beneficios a obtener.

De allí la importancia de consolidar la fuerza del movimiento popular que encabeza MCM, y sin la cual toda negociación se dirigirá al fracaso.