La opinión dormida

Y van tres. Tres son ya las sentencias del Tribunal Constitucional que corroboran que el Gobierno gestionó la emergencia sanitaria saltándose a la torera la legalidad vigente. Para Moncloa, llueve sobre mojado, aunque algo temerá Pedro Sánchez cuando, en cada acto de partido y en sus escasísimas comparecencias ante el Congreso, saca pecho de su «buen hacer» y se arroga el mérito de haber salvado miles de vidas. Para el Parlamento, sin embargo, este fallo es demoledor y, salvo contadas excepciones, la responsabilidad es de todos y cada uno de los diputados y senadores.

«El Congreso quedó privado primero y se desapoderó después de su potestad, ni suprimible, ni renunciable, para fiscalizar al Gobierno» –dice el Tribunal–. Es decir, sus señorías, aquellos que nos representan a todos los españoles, debieron examinar y pedir cuentas al Poder Ejecutivo, porque esa es una de sus funciones esenciales, es el mandato que han recibido de las urnas. Y, sin embargo, miraron hacia otro lado, echaron la llave, se encerraron en sus casas y dejaron hacer. No se queda ahí el correo del Constitucional. Por tanto –continúa la sentencia– «quedó así cancelado el régimen de control que, en garantía de los derechos de todos, corresponde al Congreso de los Diputados bajo el estado de alarma», control que «no puede en modo alguno soslayarse durante un estado constitucional en crisis». Es decir, miedo, capricho, dejadez u obediencia bovina, diputados y senadores abdicaron de su responsabilidad, suspendiendo de facto la separación de poderes, el sistema de reparto y contrapesos entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que es el que garantiza la democracia real, la vigencia de los derechos de todos los ciudadanos.

Y, después de todo esto, no ha pasado nada.

Las sucesivas sentencias del Constitucional merecen al menos que nos pidan disculpas, sino una cascada de dimisiones, pero se quedarán en anécdotas a pie de página para los libros de Historia y gozarán quizá de algo más de espacio en los de Derecho. Sus señorías andan enredadas en asuntos más perentorios, como la renovación de los órganos constitucionales y la conveniencia o no de que un magistrado, Enrique Arnaldo, el hombre más citado en las últimas horas en España, puede formar parte de ellos por las opiniones que ha vertido en artículos de opinión. Pueden permitírselo porque nadie les va a pedir cuentas. Los debates en el Congreso se han convertido en un breve baile de figurantes en la televisión que sirve de comparsa al torrente de imágenes que arroja la erupción del volcán de La Palma. A nadie le interesan. La opinión pública está dormida o anestesiada. Podrá el Poder Ejecutivo, con el Legislativo asintiendo o vuelto de espaldas, seguir haciendo y deshaciendo a sus anchas.