Juana, Paqui e Irene

Un tridente para un Neptuno de albañal. Juana Rivas era la madre insumisa, la Puigdemont de Maracena, que decidió no devolver a sus hijos al padre porque le convencieron de que pasaría a la historia por su lucha titánica contra la violencia machista. Paqui Granados era la asesora legal de Juana, que iba de pinganillo en pinganillo disfrutando del ecosistema populista y mintiendo a espuertas a la propia madre y a España entera, que sentenció que no devolver a los hijos al padre supuestamente maltratador era un hito en la reivindicación feminista. Y finalmente, Irene Montero, la hoy ministra del Gobierno de España, que ejerció la justicia alternativa, saltándose las elementales reglas del Estado de derecho. Esa ministra, cuatro años después, ha conseguido indultar parcialmente a la encausada, pero no de forma total gracias a las cautelas del Supremo, devolviéndole la patria potestad sobre sus hijos, que perdió por su irresponsabilidad. Esos niños, víctimas de una violencia vicaria, de la que ni Montero ni las feministas de cabecera han dicho nunca ni media palabra.

Una campaña mediática perfectamente orquestada y rentabilizada por el PSOE y Podemos, convirtió a Rivas en un títere en manos de Paqui y, a falta de elementos contundentes contra el marido, utilizó en las televisiones las lágrimas de Juana, respetables sin duda, como bálsamo emocional a su favor. Así, la hoy ministra de Igualdad convirtió a los tertulianos televisivos en peritos, ávidos de condenar o exonerar, en función de su ideología, o de anteponer la identidad (feminista) sobre la justicia, y por encima de todos, televisiones, tertulianos y justicia, estaba ella, la togada sin título, que desde la dacha de Galapagar decidía y decide quién maltrata, quién es víctima y quién verdugo, quién es machista y quién forma parte del paraíso feminista, un salvoconducto para degustar sus deliciosos manjares presupuestarios.

Juana ocultó a sus hijos durante semanas asegurando que era víctima de malos tratos, extremo que, de ser cierto, merecería un durísimo reproche penal, pero que la justicia italiana de la que dependía el padre, rechazó, abonando un desastre judicial del que le acaba de sacar Irene Montero, inexplicablemente sentada en el Consejo de Indultos, digo, de Ministros. Fue condenada a cinco años de cárcel por sustraer a los dos niños del padre durante más de un año y el propio tribunal de Granada denunció que «la acusada forma parte en una campaña mediática, con rueda de prensa incluida, al frente de la cual aparece Francisca Paqui Granados».

Esta es la España que nos está quedando, donde la justicia la imparten políticos sin más títulos de crédito que el pinganillo que les coloca Sálvame cada vez que quieren declarar culpable o inocente a algún hueso al que roer en el prime time. Pues ahí, ante millones de televidentes también se está dirimiendo una jugada crucial: la de la muerte de la libertad, los derechos fundamentales, el respeto, la presunción de inocencia, la justicia y hasta la salud mental de una sociedad que se espeja en Rociíto, Juana Rivas, Mujeres y Hombres y Viceversa, y las sentencias de la jueza Montero. Qué podría salir mal.