Les pagamos por resolver, no por disolver

Se ha naturalizado la perversión de la política. Cuando nos enteramos por un tuit el lunes de que el presidente de Castilla y León adelantaba las elecciones, nos pusimos a hacer cálculos sobre las claves nacionales de la decisión, la puntilla a Ciudadanos, la alegría de Pablo Casado y la cara que se le quedó a Igea. Sin embargo, ese gesto de Fernández Mañueco era la demostración de nuestra ruina pública.

Un acierto que tuvo el legislador fue concentrar cada cuatro años las elecciones autonómicas, a excepción de los comicios en País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía. La razón era más que justificada: ahorrarle al contribuyente estar aflojando el bolsillo cada dos por tres para pagar 13 fiestas electorales, más las generales, europeas y locales. Además, existía otro argumento de fondo: una legislatura culminada da estabilidad y que permite activar las luces largas.

Aunque los Estatutos fueron dotando a los presidentes de las trece autonomías no históricas de la facultad de disolver sus parlamentos, se estableció como norma no escrita que las legislaturas no se interrumpirían salvo causa mayor, como ocurrió en 2003 con el «tamayazo» en Madrid. Solo Cascos, en 2012, se pasó por el arco del triunfo esa costumbre y convocó elecciones en Asturias medio año después de llegar al poder. Y en el pecado llevó la penitencia: fue desalojado del Principado por el PSOE de Javier Fernández.

Pero la inestabilidad y fragmentación con que nos obsequió la nueva política ha dado la excusa perfecta a nuestros líderes autonómicos para hacer de su capa un sayo e interrumpir los mandatos a la carta. El valenciano Ximo Puig abrió el baile en 2019 y vendió a sus conciudadanos que, para dar visibilidad a su Comunidad, chúpate esa, adelantaba 28 días ¡28! sus urnas haciéndolas coincidir con las generales. Todo era una farsa y lo que buscaba era aprovecharse de la alta participación de las generales, sorprender en renuncio al PP y avisar a sus socios de Compromís de que el que mandaba era él. O sea, intereses partidistas.

Lo mismo sucedió en Madrid en mayo, cuando Díaz Ayuso hizo lo propio oliéndose la tostada en Murcia. Que la jugada saliera bien para los españoles, ya que de carambola Pablo Iglesias dejó de amargarnos la vida, no oculta un hecho evidente: ni en la Comunidad Valenciana ni en la de Madrid ni ahora en la de Castilla y León ha primado el interés común sino los privativos de sus presidentes. Dar jaque mate a Ciudadanos o pillar al PSOE o al PP, según el caso, sin resuello, pueden ser argumentos políticos legítimos, pero es evidente que no atienden a emergencias sociales.

Si tales decisiones respondieran a lo que nos da de comer, lo primero que harían los barones y baronesas antes de dar una patada al tablero sería pensar en el pastizal que obligan a gastar. A 2,9 euros de coste electoral por barba: la broma de Mañueco de adelantar un año y medio los comicios va a costar más de seis millones de euros, como la de Ximo Puig salió por cerca de 15 y la de Ayuso por 19 millones. Sumen a esa cifra los gastos por escrutinio, la difusión de datos, el buzoneo y la seguridad, y creo que nos quedamos cortos.

Que Sánchez, Aragonés, Urkullu, Feijóo y Moreno puedan jugar a la ruleta electoral a su antojo, no debe convertir en costumbre una mala praxis. Ya sé que es políticamente incorrecto decirlo –que si la fiesta de la democracia, que si bla bla bla–, pero a Mañueco, a Puig, a Ayuso, a Page y al resto de sus colegas les pagamos por resolver problemas, no para que los ciudadanos les pasemos a limpio sus traiciones, trampas y luchas internas.