Cuando los retos de la globalización han alcanzado de lleno a la educación en el mundo, cuando el impacto de la revolución digital amenaza el futuro del empleo, cuando destacados analistas internacionales advierten de los efectos de la calidad de la educación sobre el crecimiento económico y el bienestar social, España se halla otra vez atascada con una política educativa de trinchera.
La Unión Europea no solo comparte el reconocimiento de ese papel decisivo de la educación en la preparación de un futuro deseable de desarrollo personal, de prosperidad económica y de solidaridad, sino que, según la propia declaración del Consejo Europeo, ha situado la educación y la formación, por primera vez, en el centro de su agenda política para mantener la inclusión, la cohesión y la competitividad.
Por mucho que algunos optimistas interesados pretendan dar la espalda a la realidad de los hechos, los indicadores internacionales y su evolución con el tiempo arrojan una imagen de la educación española que refleja, de un modo consistente en la última década, un estancamiento en la mediocridad altamente preocupante. Mientras, otros países hermanos mejoran y logran, en diferentes factores, la convergencia europea. Con cifras relativas a 2019, la Comisión Europea ha cerrado el llamado Monitor de la estrategia ET2020. Se trata de un instrumento de seguimiento de los avances producidos en los países de la Unión, a lo largo de una década, en distintos aspectos de la educación y la formación que son considerados esenciales. Pues bien, de los seis indicadores principales que lo constituyen, España ha alcanzado solo en dos de ellos el objetivo acordado.
En este contexto, la sociedad española hubiera agradecido el desarrollo de una política educativa sensata y realista, orientada a atender con acierto los intereses generales y a asumir los desafíos del porvenir de nuestros niños. Lamentablemente, este no ha sido el caso. La última Ley orgánica de educación del gobierno de coalición ha hecho una declaración inequívoca de principios estableciendo en su preámbulo, como propósito de la ley, «revertir los cambios promovidos por la LOMCE», su predecesora. Pero esta reversión no se ha orientado en el sentido de preparar mejor a las nuevas generaciones para un futuro incierto y complejo, sino que ha dado prioridad, por encima del deseable enfoque racional de las reformas educativas, a los compromisos con los socios de legislatura en el plano tanto ideológico como estrictamente político.
Así, por ejemplo, a la luz de las recomendaciones de la Unión y desde la propia lógica de las cosas, resulta sorprendente comprobar cómo, en el proyecto oficial de currículo, el texto define como principales desafíos el medioambiente, el consumo responsable, la vida saludable, la empatía y compasión o la resolución de conflictos. Y es preocupante que esa prioridad de lo socioafectivo sobre el conocimiento se establezca, precisamente, a propósito de la orientación del perfil de salida de la enseñanza básica que concluye con la secundaria obligatoria. Igualmente, se advierte desde la propia ley una ruptura del anterior equilibrio –que había durado más de tres décadas– entre centralización y descentralización, en beneficio, claro está, de los defensores del vaciamiento progresivo de las competencias constitucionales del Estado en materia educativa. Otras evidencias objetivas de esa fuerte carga político-ideológica de la ley y de su desarrollo están disponibles. Se trata de un enfoque de parte que se aleja de una visión de la persona, de la sociedad y de sus relaciones recíprocas, consolidada y, por ello, ampliamente compartida, que facilitaría la búsqueda de acuerdos y la necesaria estabilidad de las reformas educativas.
Otra política educativa es necesaria. Una política que admita como pilar fundamental la racionalidad, entendida, de acuerdo con Pinker, como «la capacidad de utilizar el conocimiento para alcanzar objetivos». Una política basada en robustas evidencias empíricas, capaz de aprender de los mejores y de inspirarse en aquello que tienen en común los sistemas educativos de éxito; capaz de, a la vista de sus propios resultados, corregir los errores y conducirse con inteligencia. Para ello, el arte noble de la política resulta imprescindible a fin de conseguir el apoyo de la sociedad, de promover acuerdos sensatos y, a un tiempo, de aprovechar todo el caudal de conocimiento y de experiencia acumulados, en beneficio de nuestro futuro compartido.
De lo contrario, las reformas educativas serán inestables e ineficaces, y su derogación se producirá tan pronto el cambio político lo aconseje o lo permita. En España, a lo largo de los dos últimos decenios, hemos soportado cuatro leyes diferentes de ordenación general del sistema educativo y en la última su vocación deconstructiva se ha formulado de un modo explícito. Probablemente, esa sea una de las causas de nuestro estancamiento; pero lo que es seguro es que tal circunstancia afectará, sobre todo, a los sectores socialmente desaventajados y comprometerá, lenta pero inexorablemente, nuestro desarrollo económico y nuestra cohesión social.
- Francisco López Rupérez ha publicado recientemente el libro 'La gobernanza de los sistemas educativos'