Sánchez entrega a Junqueras la cabeza del CNI (y lo que haga falta)

Algunas cosas que suceden en España no pasan en ningún otro lugar. Y la culpa, por supuesto, es de todos nosotros, que lo hemos permitido. Un ejemplo:

El español es una lengua franca que te abre las puertas en medio planeta, porque la hablan 600 millones de personas (lo cual me temo que no es exactamente el caso del catalán, el gallego, el vasco, el bable y el gaélico). Disponer de una lengua así supone un tesoro cultural y un enorme negocio (si se sabe aprovechar). El español, y resulta perogrullesco tener que recordarlo, es además un idioma oficial según nuestros arreglos constitucionales.

Pero en Cataluña y el País Vasco, donde el castellano es de largo la lengua más hablada, está prácticamente prohibido en las escuelas. Solo se tolera de manera insignificante y testimonial. En Cataluña tampoco se permite –so pena de multa– rotular un negocio en español. Imagino que si abres una cervecería y la llamas Hell Angels, o The Old Drunkard, no tendrás problema alguno, porque la tirria oficialista es solo contra el castellano.

Tras la nefasta idea de transferir la educación a las comunidades, que tanto ha aflojado los hilvanes que cosían España, los nacionalistas pusieron en marcha lo que llamaron «inmersión lingüística». Ese eufemismo denomina un plan que arrincona al español en las aulas para primar las lenguas locales, que consideran las puras y buenas, las identitarias. En paralelo, se impuso en la esfera pública un uso litúrgico de los idiomas regionales (cuando vivía en Galicia observé muchísimas veces como en actos culturales, sociales o políticos se empezaba la conversación en el gallego ritual de rigor, pero en cuanto la afición se soplaba un vino –o dos– casi todo el mundo acababa hablando en castellano).

Los gobiernos nacionalistas enterraron toneladas de millones en la «inmersión». En el caso catalán se hacía mientras las arcas públicas quebraban y el Gobierno central acudía al rescate para que la Generalitat pudiese ofrecer sus servicios básicos. Algunos niños estudiaban en barracones. Pero eso sí, perfectamente «sumergidos» en el catalán.

Han pasado cuarenta años de «inmersión», el proyecto de ingeniería social más tesonero de Europa, y la realidad es también tozuda: el idioma más hablado en el País Vasco y Cataluña sigue siendo, contra viento y marea, el español. Pero el nacionalismo impone en la escuela lo contrario a la realidad de la calle. Incluso saltándose la ley (y el sentido común).

Una de mis grandes decepciones como español ocurrió el día en que en una rueda de prensa del consejo de ministros vi al por entonces responsable de Educación de Rajoy viniendo a reconocer que el Gobierno nada podía hacer para que en Cataluña se cumpliesen las leyes sobre el uso el español en la enseñanza. Ante aquella impotente bajada de brazos –por no hablar de pantalones– ante el separatismo, sentí que mi país tenía un problema muy hondo. Ahora con Sánchez todo ha ido todavía a peor, porque debe su sillón a esos separatistas.

En diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Cataluña dictó sentencia a favor del 25 % de español en las aulas catalanas (porcentaje en realidad muy pequeño). El Gobierno separatista hizo entonces dos cosas: fumarse esa orden judicial y presentar un recurso. Pero en noviembre de 2021 el Tribunal Superior se ratificó. ¿Qué hizo el poder independentista? Pues lo de siempre. Pasarse la sentencia por el arco del triunfo e incumplirla con la complicidad de Sánchez, que ha tolerado tan flagrante burla (en la práctica, la Inspección de Educación está desmantelada en Cataluña para no molestar a los nacionalistas: el Ministerio de Educación reconoce que solo tiene dos funcionarios allí y pretexta que carece de competencias para velar por el cumplimiento de la ley).

Además, Sánchez ordenó a la Abogacía del Estado ponerse de parte de los separatistas, pidiendo al Tribunal Superior que no ejecutase por ahora su sentencia. Pero la Justicia, aunque es morosa, siempre llega. Ahora el Tribunal ha dado a las autoridades catalanas un ultimátum de quince días para que apliquen de una vez la sentencia. El poder separatista ya ha respondido con bravatas de que harán todo lo contrario, imponer más catalán, mientras el sanchismo hace el avestruz, pues necesita lisonjear a los separatistas para preservar el poder y no quiere irritarlos (y menos cuando están inmersos en un gran espectáculo victimista a costa del espionaje).

Repaso de este delirio lisérgico: un Gobierno regional, cuya meta declarada es destruir el país del que forma parte, incumple la ley, pero el Gobierno del Estado debe su pervivencia precisamente a esos separatistas, así que les da cuartelillo en su burla a la legalidad, no vaya a ser que lo dejen caer. En España la ley es igual para todos. Sí, excepto para los separatistas catalanes.

(PD: El periódico de cámara de Sánchez, editado en la capital de España, se humilla dando su apertura del martes a todo trapo a una entrevista con Junqueras, golpista antiespañol condenado a 13 años de cárcel, en la que pide cabezas por el espionaje. Como el perro de Pavlov, Sánchez reacciona y antes de media mañana ya ha entregado en bandeja a Junqueras la cabeza de la directora del CNI. Una vergüenza).

(PD2: ¿Tendrá Margarita Robles, la del supuesto «sentido de Estado», la dignidad de dimitir, toda vez que hace solo cuatro días defendía con máximo énfasis a la directora del CNI? Me temo que no lo veremos. No hay coherencia, ni respeto a los pilares de España, cuyos servicios secretos se quedan con el culo al aire por imperativo de ERC, Bildu y Podemos).