La «omertà» de los virreyes

En ausencia del Rey, el arbitrio de sus virreyes era en el Imperio inmenso. Tanto más, cuanto más lejos quedaban sus territorios. El virrey asumía, en otros mundos, tareas sin cuya ejecución la mecánica imperial no hubiera sido viable. Sin su figura, articular los inmensos territorios españoles en el continente americano resultaría una utopía. El virrey daba presencia material a la simbólica identificación con la corona de las tierras y las gentes más extrañas. A cambio, participaba en el brillo del Monarca y compartía no pocos de sus privilegios.

Cuando, en 1982, Felipe González toma el poder por oleada electoral perfecta, sólo un problema lo agobia: cómo prolongar, sin límite en el tiempo, ese mando que las urnas acaban de regalarle. Sabe, tiene que saber, que la apoteosis popular dura poco tiempo. Si no es alimentada. Y que la rimbombante retórica con la que ha fascinado a una ciudadanía ayuna de tradición democrática acabará por causar tedio, cuando no vergüenza ajena. Consolidar un régimen de las dimensiones del que sueña, un régimen «de cincuenta años», a lo largo de los cuales –proclamaba su bufón de corte– lograr que a España no la reconociera «ni la madre que la parió», fundar un poder total, al cual nada ni nadie pueda oponer resistencia, exige dos intervenciones: a) renovar la vieja práctica institucional del caciquismo, esto es, la compra al contado de bolsas de voto fieles; b) aniquilar cuanto antes la autonomía del poder judicial, que la Constitución del 78 garantizaba.

Tal vez alguien menos iletrado haya venido entonces a sugerirle resucitar la figura de los «virreyes». Y fue una inspiración. Tomemos el territorio en donde el voto socialista era más apabullante: Andalucía. Construyamos allí un «Estado dentro del Estado», en el cual la normalidad legal no opere, y en el cual las prácticas delictivas de los caudillos locales se exhiban como benevolencia de humanitario cuatrero que reparte beneficio con los pobres. Se forjó así un modelo mixto: virreyes del líder supremo regarían de dones a sus deudos; una estructura mafiosa, simbiotizada con el aparato del partido, velaría para que esos dones fueran pagados en papeletas de voto.

Algo se parecía aquello al viejo modelo caciquil, sí. Pero muy mejorado. En rigor, tal vínculo sagrado entre poder político y actividad delictiva se miraba, más bien, en el espejo de la Cosa Nostra siciliana. Si en el sur de Italia ha venido durando, desde aquel inicio de la fallida unidad nacional que narra tan bellamente Lampedusa hasta hoy mismo, ¿por qué no habría de suceder igual en el sur de España? Con una clara ventaja: que Andalucía suma la mayor masa de voto de toda la ciudadanía española. Y que, por tanto, controlar el voto andaluz equivale a controlar el Parlamento y el gobierno nacionales.

Para que el artilugio funcionase, sin límite de extensión ni tiempo, se requería neutralizar a los únicos que podían contraponer ley a delito: los magistrados. Se consumó la partida en julio del 85. Cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictada por González, liquidó para siempre –o, por lo menos, hasta hoy– la posibilidad de que el Poder Judicial pudiera contrarrestar con eficacia los abusos del ejecutivo. Los virreyes andaluces han hecho cuanto les vino en gana, sin tener que rendir cuentas a nadie. Durante cuarenta años. Se dice pronto: más de lo que duró el franquismo… Dinero, lo había: las ayudas europeas llovían en esos tiempos de adaptación a la UE; y han seguido lloviendo. Bastaba con apropiárselas. Y dejar bien claro a quienes se las embolsaban cuál era la papeleta que debían meter en la urna si querían seguir cobrando. Al final, y casi milagrosamente, la máquina se trabó y dos de los supremos jefes de la banda y del partido han caído. Por una parte mínima, eso sí, de lo que, en comandita con los colegas, cometieron. Pero algo es algo.

No, no es cierto, como lo pretende el iletrado Sánchez, que Griñán y Chaves estén libres de culpa. Esto no va, por más que el presidente se empeñe en ello, de una historia entre «justos y pecadores». Va de una historia entre jueces y delincuentes. No «presuntos delincuentes»: delincuentes. Con condena firme. Y no, claro que no: los políticos no cobran, normalmente, en dinero. Cobran en votos. Que se traducen en escaños. Que se traducen en dinero.

¿Los indultará Sánchez? ¿Alguien lo duda? A Barrionuevo y Vera, condenados por delitos atroces, los indultó un Gobierno español. Ni siquiera el de sus compadres socialistas. El de José María Aznar. La siciliana omertà (esa férrea ley del silencio mafioso) es, entre los políticos, un dogma. Nadie toca a un virrey de la Moncloa. Y un presidente no indulta, se autoindulta.