Ley de mentira antidemocrática

El final de una Legislatura que agoniza acelera los extravíos totalitarios de un Gobierno enemigo de la libertad. Entra en vigor la Ley de memoria democrática. En realidad, es una apariencia de entrada en vigor porque, a mi juicio, vulnera la Constitución y deberá ser declarada nula. Un futuro Gobierno sensato la derogará.

La ley es una agresión a la verdad, a la libertad y a la justicia. A la verdad, porque exige la obligatoriedad jurídica de asumir la falsedad histórica. Las leyes no pueden imponer lo que ha sucedido en el pasado. Tampoco una «verdad política» que decida sobre la ciencia, el arte, la moral y la religión. Si los gobiernos (al menos, en las democracias) no pueden imponer jurídicamente la verdad, menos aún pueden decretar la obligación de asumir la mentira y la falsedad. Gran parte de la ley se sustenta en falsificaciones de la historia, especialmente en lo que se refiere a la Segunda República, la guerra civil y el franquismo. Un pequeño ejemplo de muestra. Ortega y Gasset no fue un exiliado del franquismo sino del Frente Popular. En el terror del Madrid comunista, ante el riesgo muy cierto de ser asesinado por los «buenos», se marchó de España. Eso no le convierte en franquista, pero sí testimonia en contra del horror del Frente Popular. ¿Es esto que acabo de escribir contrario a la ley? Más aún, ¿es acaso falso? Sé que quieren propagar la falacia, pero Hitler no se levantó contra el intento de media Alemania de acabar con la otra media. De hecho, no se levantó. Cualquier intento de equiparar a Franco con Hitler es una falsedad. Y, por si acaso, esto no es una apología del franquismo, cosa que, por lo demás, me parece perfectamente lícita.

La ley constituye también una agresión a la libertad, especialmente a las libertades de expresión y de cátedra. Como en los regímenes totalitarios, se impone lo que se puede expresar y defender y lo que no. Acabaremos, con Stalin, imponiendo una biología progresista frente a otra reaccionaria. La verdad se somete a la ideología. Muy mal debe de andar la firmeza en las propias convicciones cuando es preciso imponerlas sometiendo a silencio o a sanciones y penas jurídicas a los discrepantes. Un historiador tendrá que ser un héroe para expresar su visión y valoración de los hechos del pasado, si se oponen a la dictadura gubernamental. Queipo de Llano es un criminal y Largo Caballero un demócrata pacifista. No sé si es tan difícil comprender que la libertad de investigación, opinión y crítica es ilimitada, mientras que no hay libertad para injuriar, mentir, calumniar, insultar y blasfemar. ¿Es que es ilícito preferir a José Antonio Primo de Rivera antes que a la Pasionaria? ¿O al revés? ¿En qué consiste la libertad? Claro, libertad, ¿para qué?

La ley socava también los fundamentos de la justicia y de la concordia democrática. La historia reciente de España queda sometida a la dictadura del maniqueísmo zurdo. La guerra la ganaron los malos y ahora deben imponerse los derrotados, los buenos. La concordia y la reconciliación son franquistas. La Transición fue la continuación de la dictadura por otros medios, y su consecuencia jurídica, la Constitución de 1978, es franquista. La democracia llegará cuando sea demolida. Me pregunto: si la democracia aún no ha llegado, ¿qué legitimidad democrática tiene el actual Gobierno?

Esta ley, es un decir, es un paso más en el proyecto totalitario que empezó con Rodríguez Zapatero. Si Pedro Sánchez fuera sólo un oportunista y un aventurero ávido de mantenerse a toda costa en el poder, sería grave, pero hay algo mucho peor. Eligió a Podemos, Bildu, ERC y demás compañeros enemigos de España cuando tenía otras opciones. Hay un ensayo de imponer una «religión política» alternativa al cristianismo y a la democracia liberal a toda la sociedad española. Confiemos en que España no se deje.