El secuestro de España

El diario El País, que lleva tiempo ejerciendo de Pravda y de Granma juntos para reforzar el Régimen, se descolgó el domingo con uno de esos editoriales campanudos en los que, con la superioridad moral onanista que se adjudica a sí misma la progresía vigente, defiende las andanzas de Pedro Sánchez y regaña a sus críticos, tildándonos a todos de antisistema, fascistas, radicales o ultraderechistas.

Conviene decir, como preámbulo, que El País dejó hace tiempo de ser un periódico convencional: en concreto desde que, en las mismas horas en que Sánchez asaltaba la Presidencia tras dos derrotas electorales en seis meses, con una moción de censura tan legal como espuria, procedió a relevar a toda la dirección para designar una nueva adaptada al Gobierno incipiente.

El descaro de la operación y la ostentación premeditada con que se perpetró, para que todo el mundo fuera consciente del gesto y tomara nota, abrió una era que aún perdura en la que el periódico se ha dedicado a la innoble tarea de legitimar todos los excesos de Sánchez, por insoportables que fueran, poniendo el acento en la a su juicio inaceptable réplica que merecían y no en los móviles fraudulentos utilizados y en los perversos efectos causados.

Y todo ello contextualizado en un interés básicamente empresarial y económico: no es que PRISA defienda los atracos endémicos de Sánchez por un posicionamiento editorial equivocado, que ya sería grave viendo el destrozo generado en España; es que lo hace a cambio de privilegios, dádivas y operaciones tan inquietantes como el permiso, concedido por el Consejo de Ministros, para adquirir casi el 10 % de Indra.

El gigante que factura 3.600 millones de euros se dejaba así comprar por una corporación con una deuda de 900 millones, gracias al permiso del Gobierno que, en el mismo viaje, colonizaba el consejo de la compañía con idéntica música a la ya escuchada en RTVE, el CIS, la Fiscalía General y, ahora, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.

La necesidad de repasar los procedimientos, los objetivos y las recompensas desplegadas en el campo de los medios de comunicación para garantizarse una cobertura blanqueadora es fundamental para entender el modus operandi de Sánchez en el resto de ámbitos.

Si con las leyes más ideológicas reconstruye una memoria «histórica» falsa, sustentada en el objetivo de polarizar a la sociedad para movilizar a un supuesto bando y con la Brunete mediática adecenta su escandalosa ocupación del Estado de derecho, apoyando al verdugo y exigiéndole explicaciones a la víctima; con las maniobras parlamentarias en fraude de ley maniata los contrapoderes e implanta el monocultivo ideológico legalizado, al objeto de culminar una hoja de ruta deudora de unos socios que en realidad son sus secuestradores.

Sánchez no ha dejado de perpetrar excesos políticos, morales, constitucionales, legales y personales desde que accediera a la Moncloa con un pacto diabólico que sustituyó el desdén de los electores por una suma aritmética sustentada, en exclusiva, en el interés de sus aliados por situar en el poder a alguien lo suficientemente débil como para darles lo que le pidan a cambio de permitirle sobrevivir.

Y desde ese momento todo ha sido un pulso a la democracia recubierto de una falsa apariencia de legalidad y de respuesta a los inexistentes enemigos que la acechaban.

Anular el delito de sedición tras conceder los indultos a un grupo de delincuentes a los que el propio Sánchez consideró responsables de un delito de rebeldía y, a continuación, cambiar con un fraude sin precedentes por el procedimiento ilegal utilizado, dos leyes orgánicas fundamentales para garantizar la separación de poderes, culmina una deriva autoritaria que ningún demócrata debería tolerar.

Porque el bloqueo del Poder Judicial no es consecuencia de la negativa de nadie a renovarlo para garantizarse un supuesto control, sino el efecto inevitable del rechazo de Sánchez a adaptarlo a las mayorías constitucionales que solo pueden alcanzar el PSOE y el PP para que no sea de ninguno de ellos: como eso no puede permitírselo porque ahí terminarían las concesiones a sus socios, dueños del botón nuclear de su Presidencia, necesita cambiarlo por las bravas para darle al nuevo sistema una apariencia de legalidad incompatible con la letra y el espíritu de la Constitución.

Y por mucho que sus altavoces pregonen la legitimidad de una mayoría parlamentaria para legalizarlo todo, lo que estamos viendo es cómo la víctima de un secuestro paga religiosamente los plazos de su rescate con un tesoro que no es suyo, convirtiendo a los ciudadanos en rehenes y ayudando a sus captores a llevarse un botín que no les pertenece.

Darle apariencia de legalidad al asalto no lo hace más democrático: simplemente empapa de colonia barata un hedor ya insoportable.