Lobbies

Tenía que ocurrir y finalmente ocurrió. Desde hacía años se temía que algo así pasara en el Parlamento Europeo, por lo que la noticia de la detención de una vicepresidenta y sus allegados políticos y familiares no pudo sorprender a todos aquellos vinculados, de una u otra manera, a esa casa. El debate sobre la relación entre lobbies y parlamentarios es tan antiguo como complejo. Tratemos de aclarar algunos de sus aspectos.

En un sistema democrático los afectados por la labor legislativa -ciudadanos, corporaciones, agrupaciones sectoriales u otros estados- tienen el derecho, casi diríamos el deber, de personarse y presentar sus argumentos. De ahí que haya un registro de entidades de este tipo y espacios y medios para facilitar el encuentro. En las complejas sociedades contemporáneas es tan importante este tema que las universidades vienen incorporando a sus ofertas académicas, de grado y postgrado, formación en relaciones institucionales y diplomacia corporativa. Hasta aquí todo normal.

A menudo se busca establecer un vínculo más personal. Cuando se invita a un parlamentario a un encuentro en otro país, que conlleva unos días de descanso con pareja en un agradable resort, en ocasiones complementado con generosos regalos, entonces estamos entrando en un terreno peligroso, allí donde la indecencia se encuentra con la ilegalidad. Si el vínculo se prolonga en el tiempo, cuando el parlamentario adopta una posición permanente sobre un tema polémico las atenciones pueden prolongarse a lo largo de su vida parlamentaria y más allá. No es extraño encontrar a antiguos parlamentarios, o a antiguos comisarios, trabajando para los sectores que habían defendido o regulado.

Cuando de las atenciones se pasa a la entrega de dinero nos hallamos frente a situaciones puramente delictivas. Al no ser la Unión Europea un estado no dispone de policía o de inteligencia propia, lo que dificulta la persecución de estos comportamientos. Con esfuerzo se puede lograr, como estamos viendo en estos días. Allí donde hay personas hay corrupción. La ley, la policía y los jueces están para hacer respetar los valores y principios sobre los que fundamentamos nuestra convivencia. De ahí el interés de los delincuentes de toda condición por dificultar su labor.

Los sistemas parlamentarios se organizan en grupos partidistas. Los miembros de un grupo tienden a votar lo mismo. Su posición es el resultado de discusiones a nivel nacional y europeo. El contar con voces dotadas de autoridad es un objetivo comprensible de cualquier lobby, pues pueden inclinar la balanza en su favor. Sin embargo, no deberíamos exagerar la importancia de estos fichajes aislados. Al final son los partidos los que marcan criterio. De ahí que los lobbies concentren su actividad sobre los órganos centrales. Exponen sus razones, subrayan los beneficios de favorecer su postura, lubrican las siempre exhaustas arcas del partido y, si fuera necesario o posible, chantajean a sus dirigentes.

Estas distintas situaciones ocurren cotidianamente en todos los sistemas democráticos. De ahí la importancia de dotar a la policía y a los servicios de inteligencia de los medios necesarios para conocerlas y a la Justicia de independencia para perseguirlas. Es comprensible que genere escándalo social que aterrice en nuestro suelo un avión bolivariano del que salieron maletas de contenido y destino incierto. Como lo es el que un presidente del Gobierno modifique un elemento fundamental de la política exterior sin conocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Gobierno y del Congreso de los Diputados. O que una controvertida empresa china designe como representante en España a la pareja de un ministro. Si además se decide reducir drásticamente el castigo por robar con finalidad política ¡cómo podemos extrañarnos de la creciente desconfianza hacia las elites políticas!

La vida es cambio. La presión sobre los partidos y los parlamentarios va a ir a más. Eso es normal. Lo que no es tan normal, de hecho es escandaloso, es que no nos dotemos de los medios necesarios para garantizar que esa relación se mantenga en los márgenes establecidos por la ley.