«No quieren la pensión para ellos»

A mediados de 2020, cuando llevaba unos meses como ministra y no habíamos visto sus gafas de marca en el desfile del 12 de octubre, Yolanda Díaz escribió en Twitter un mensaje de lo más revelador: «En abril se han reconocido 3.333.700 nuevas prestaciones, alcanzando un total de 5.197.451 prestaciones pagadas, cifra histórica que revela el incremento de la protección social, articulada por este Gobierno». Cifra histórica, dijo, nótese el orgullo. En pleno cerrojazo pandémico, y con la economía española cayendo más que las de su entorno, la ministra confirmaba lo que la gente bien informada ya sabía: que el socialismo, cuando tiene que elegir entre dar peces o enseñar a pescar, opta siempre por lo primero.

Con lo que no contaban muchos es con que María Jesús Montero –Marisu para los que le ríen las gracias– hiciese bandera de ese mismo planteamiento. Ella dijo literalmente lo siguiente: «Las pensiones (...) es el salario mejor repartido que pueden tener las familias. Porque los abuelos, las abuelas, no quieren la pensión para ellos. Las pensiones son ayuda al pago de la luz del hijo que no puede pagar la luz». Es decir, que quienes hicieron campaña con la pobreza energética cuando gobernó la derecha pretenden ahora que la factura la paguen los jubilados. Y lo dice ella, que cobra 80.000 euros al año y la casa se la pone el Ministerio.

Tras esta frase de apariencia entrañable (qué bien que los abuelos nos llenan la nevera) se esconde una realidad perversa: y es que nos hemos entregado al subsidio antes que explorar nuevas formas de riqueza.

Hagamos un ejercicio de matemática parda. La pensión de jubilación media en España es de unos 1.300 euros al mes. Pongamos que ese abuelo amantísimo gasta 350 euros al mes en el supermercado, que tampoco es mucho. Pensemos incluso que tiene bastante ajustados los recibos de la casa y paga 50 euros de luz, 30 de agua, 60 de gas y 40 de telefonía o internet (no tiene Netflix ni le gusta el fútbol lo suficiente como para pagar por verlo). Vive en un pisito modesto, con una comunidad de 70 euros mensuales y todavía conserva un coche al que le hace dos depósitos al mes (unos 200 euros), porque disfruta yendo a la sierra o viendo a su nieto jugar al fútbol, que lo hace bastante bien.

Ese abuelo austero, ahí donde lo ven, tiene unos costes fijos de 800 euros mensuales. Le quedan unos 500 para sus cosas (o para lo que diga Marisu). Pero resulta que en marzo le viene el seguro de la casa (250 euros) y tiene que pasar la revisión a ese coche que las autoridades le piden achatarrar si quiere entrar en la arcadia feliz de Madrid 360. Ahora ese abuelo tendrá que renunciar al vermú de los domingos y rezar para que no se le rompa la lavadora.

Todo esto viene a cuento del empeño de la izquierda en fiarlo todo al «escudo social», ese eufemismo de «ayuda pública». ¿De verdad nuestros mayores tienen que ser el sostén de la clase media? ¿No sería mejor estimular el tejido productivo, proteger a los empresarios y generar empleo de calidad? A más trabajo, mayores sueldos y mejores pensiones. Incluida la de Marisu Montero, naturalmente.