Tráfico de niños

Recordemos el caso. Una mujer de sesenta y ocho años contrata con una clínica (empleando el término con exceso), a cambio de una sustancial cantidad de dinero que se una el esperma congelado de su hijo difunto con el óvulo de una donante para que otra mujer lleve a cabo la gestación del embrión. El contrato no tiene por objeto sólo la gestación, sino también la entrega del niño nacido. El objeto del contrato es un ser humano.

El caso puede analizarse desde, al menos, cuatro perspectivas. La primera es la de la abuela contratante. En ningún caso es madre ni puede inscribirse en el Registro Civil como tal. Ni se ha utilizado un óvulo suyo, ni lo ha gestado, ni puede adoptarlo legalmente, según la legislación española, por la edad que tiene. No es madre. Es abuela biológica. El nieto ha nacido como consecuencia de un contrato mercantil. Se le ha tratado como cosa. La abuela compra lo que está fuera del comercio de los hombres: la vida humana. Todos los errores morales y jurídicos subsiguientes devienen de este primero fundamental. El negocio entraña la vulneración de la dignidad de la propia contratante. El hecho es ilegal en España y en la mayoría de los países. Los comentarios favorables a este extravío ignoran además el contenido de sentencias del Tribunal de Estrasburgo y del Tribunal Supremo español, que establecieron que estos hechos entrañan la vulneración de la dignidad de la mujer. La abuela no es madre, ni puede adoptar a la niña ni inscribirla en el Registro. Todo es nulo de pleno derecho para el ordenamiento jurídico español. Pero, al parecer, nada puede oponerse a la arbitraria decisión de una mujer. La niña nace deliberadamente huérfana e hija de madre desconocida.

La segunda perspectiva se refiere a la condición de la madre gestante. Ella sí puede considerarse madre. Para el derecho español, la filiación se determina en principio por el hecho del parto. Madre es la mujer que da a luz. Su dignidad queda vulnerada porque su persona es considerada como puro medio, como mero objeto al servicio de la realización de un deseo ajeno. Nada de esto es afectado por el hecho de que ella consienta. Vende su capacidad de gestar y convierte la maternidad en objeto de comercio, que se compra y se vende. El contrato se perfecciona con la entrega del objeto: el niño. No es un arrendamiento de servicios, porque no se trata sólo del alquiler del útero, sino de un contrato de compraventa cuyo objeto es el niño. Semejante contrato es nulo de pleno derecho. Existe una cosificación tanto de la madre gestante como del hijo. Por otra parte, cabe dudar de que el consentimiento prestado haya sido verdaderamente libre.

La tercera perspectiva atañe al hijo. Ha quedado claro que queda reducido a la condición de objeto de comercio, a cosa. No queda rastro de su dignidad, ni, por cierto, de su imposible consentimiento. Los reparos que cabe hacer a esta generación post mortem no son desdeñables. Tiene dos madres posibles y una tercera que no lo es. Además, se le hurta el conocimiento de la mitad de su herencia genética y se produce una especie de apropiación indebida por parte de una de las dos líneas familiares. El niño ignorará quién lo gestó (aunque esto no está claro, ya que existe algún reportaje sobre su identidad) y de quién procede el óvulo. La más íntima relación humana que existe, que es la que vincula a una madre con su hijo, queda aquí escamoteada. A cambio, podrá saber quién es su abuela, una sola de ellas.

La cuarta perspectiva se refiere a la alteración de la concepción de la familia y la generación humana. Y no es esta una cuestión menor. La familia, al menos, en la civilización europea, ha sido durante siglos una institución que tiene como objeto la transmisión de la vida y que nace del matrimonio contraído entre un hombre y una mujer, con la finalidad de procrear y educar a los hijos. Se pretende que esto sea una antigualla caduca, pero con ello no es sólo un mero aspecto de nuestra civilización el que decae; es toda ella.