Tiranito Bolaños
El ministro de Justicia es un antifranquista a toro pasado, que nació un mes después de la muerte del dictador pero que está sentando las bases de un nuevo orden
Dentro de lo mucho que ocurrió ayer (como que el Supremo anulase el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado o que el Tribunal de Cuentas detectase irregularidades en una fundación que preside Nadia Calviño) hubo una frase de Félix Bolaños que pasó desapercibida:
«Por supuesto que la respetamos, pero no la compartimos», dijo en alusión a esa sentencia del Supremo sobre el nombramiento de la socialista Valerio. «Y no la compartimos porque creemos que una entidad privada no puede cuestionar decisiones que son exclusivamente competencia del Gobierno de España, como nombrar a la presidencia del Consejo de Estado». Y se quedó tan ancho.
Por mucho sosiego que quisiera ponerle, la reflexión de Bolaños es tenebrosa. Lo que dijo el ministro de Justicia es que un particular no puede denunciar algo que considera injusto si proviene de la acción del Gobierno. Ahí donde lo ven, Bolaños está a dos ratos de afirmar –con la misma furia del converso con la que defiende la amnistía– que en España existe el lawfare. Estamos viendo a los pájaros tirándose a las escopetas, como dijo Valdano cuando Chendo le tiró un caño a Maradona. Estamos viendo, por decirlo brevemente, a los delincuentes señalar a los jueces.
Y este es el país que vamos a tener en los próximos meses, no hagan números. Cautivo y desarmado el CIS, el INE, la Mesa del Congreso y el Constitucional, lo único que nos queda con algo de autonomía es el Tribunal Supremo. Y entre medias, un Bolaños ascendido a ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, o lo que es lo mismo: a ministro del ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Nadie podrá decir que no se lo advirtieron, pues Bolaños está haciendo exactamente lo que se esperaba de él, que es hacer y decir aquello que Sánchez solo se atreve a pensar en los días grises (que cada vez son más). Bolaños es un antifranquista a toro pasado, que nació un mes después de la muerte del dictador pero que está sentando las bases de un nuevo orden, según el cual tener siete millones de votos te legitima para hacer lo que te dé la gana.
Tras firmar junto a Bildu la Memoria Democrática, el todoministro amasa ya la ley de amnistía que nos obligará a jurar, cuando seamos viejos y hablemos a nuestros nietos delante de la chimenea, que el procés existió. Que hubo gente que se gastó nuestro dinero en sembrar la discordia entre vecinos. Que hubo quien pintó de amarillo la casa del juez Llarena o que se subió al techo de un Patrol de la Guardia Civil. Y que no solo salieron libres, sino que les pagamos el sueldo y hasta la escolta.