Hacer un Maduro / Hacer un Sánchez

En octubre del año pasado se firmaron los llamados acuerdos de Barbados. Allí la dictadura de Maduro se comprometía con la oposición y con la diplomacia panoli de Biden y Macron a permitir que se presentasen a las elecciones de 2024 los líderes venezolanos inhabilitados por el régimen. Se haría mediante la revisión judicial de sus casos. Qué maravilla. El objetivo principal era que se levantase el veto a Maria Corina Machado. Ella había arrasado en las primarias de la oposición y aspiraba a ser su candidata única. Corina mantiene en las encuestas unos 70 puntos más de popularidad que Maduro, el dictador socialista que gobierna el país desde 2013 con unos resultados deplorables.

El abuelete Joe Biden procedió a aliviar las sanciones ante tan gran paso de Maduro hacia la democracia. Felipe González vio enseguida que aquello era una patochada: «No se dejen engañar por la tiranía». Por su parte, Zapatero, leal blanqueador de la dictadura, había estado en enero en el palacio presidencial de Miraflores de charla y risitas con Maduro y Delcy, soltando frases huecas de las suyas tipo «la democracia es un diálogo continuo». Por supuesto Zapatero corteja a Maduro solo porque le gusta y le cae bien. Damos por descontado que no existe el más mínimo interés crematístico en su extraña sumisión a una narcodictadura horrenda.

¿Qué ha pasado finalmente con los Acuerdos de Barbados? Pues lo esperable: Maduro ha prohibido que Corina Machado se presente a las elecciones. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues observando perfectamente el libro de las nuevas leyes venezolanas. El Tribunal Superior de Justicia ha estudiado el recurso de Corina Machado contra su veto y en una sola sesión lo ha recibido y lo ha resuelto: se mantiene su inhabilitación de 15 años para la vida pública porque «ha sido participe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Antonio Guaidó» (lo cual es además falso, pues Machado no se llevaba con Guaidó). Maduro mantiene también inhabilitado a otro importante opositor, Capriles, ¡hasta 2032!

Lo que ha hecho Maduro es perfectamente legal a sus efectos. Los tribunales han estudiado el caso y han resuelto. ¿Qué cabe objetar? Pues cabría objetar que esos tribunales han sido colonizados por el Ejecutivo desde la época de Chávez hasta convertirse en títeres del Gobierno. Son jueces plegados al dictado de Miraflores, dispuestos a visar como válido todo lo que se les ordene. Por supuesto existen también en Venezuela unas potentísimas televisiones gubernamentales que defienden este tipo de actuaciones y los medios críticos están arrinconados, o directamente cerrados.

Hacer un Maduro. Hacer un Sánchez. Evidentemente no estamos en una dictadura como la venezolana, que vulnera cada día los derechos humanos y recurre a la violencia sin complejos. Somos un país del primer mundo integrado en la Unión Europea y en la OTAN. Pero si nos paramos a pensarlo un instante, el mecanismo elegido es idéntico: el Gobierno somete al más alto tribunal a sus designios y a partir de ahí el mandatario de querencia autocrática puede ir estableciendo un nuevo orden, tuneando la Constitución sin que el gran público lo perciba siquiera.

«El asalto a la democracia empieza lentamente y para muchos ciudadanos al principio es imperceptible. Frecuentemente el Gobierno va subvirtiendo la democracia con un barniz de legalidad», escriben los profesores Levitsky y Ziblatt, dos sociólogos de Harvard, en su esclarecedor libro Cómo mueren las democracias.

Estamos todavía muy lejos del drama de Venezuela. Pero los peores instintos ya están aquí: perseguir a los jueces que hacen su trabajo, el Gobierno dominando el Tribunal Constitucional a su antojo, amnistías e indultos arbitrarios para atender a urgencias políticas particulares, la palabra del mandatario que no vale nada y señalamiento del gobernante a los medios de comunicación críticos.

Bueno, realmente tal vez ya no estamos tan lejos…