El gobierno de Al Pedrone

Qué tiempos aquellos en los que la ley más importante que anualmente llevaba el Gobierno al Congreso era la de Presupuestos Generales del Estado. Aprobar las cuentas públicas del Estado era la principal asignatura que el Gobierno se fijaba cada curso político.

Lo que cualquier presidente se imponía como una obligación política y, sobre todo, constitucional en atención a su artículo 134, con Sánchez se convierte en otro desaire a la Carta Magna como consecuencia de su inestabilidad y debilidad, dependiente de unos partidos nacionalistas atentos a sus intereses identitarios y no a los del conjunto de los españoles.

Qué tiempos aquellos, nada lejanos, en los que el actual inquilino de la Moncloa emplazaba a Rajoy a presentar y sacar adelante los Presupuestos con la exigencia de que en el caso de no hacerlo debería convocar elecciones. González adelantó los comicios en 1996 cuando le tumbaron sus cuentas y Aragonès acaba de convocar elecciones en Cataluña por la misma razón de peso que Sánchez, un acreditado yonki del poder, jamás hará suya.

Un Gobierno sin cuentas del Estado, decía el muy cínico contra Rajoy, es como un coche sin gasolina. El suyo ya está tieso de combustible pero no convocará elecciones. Lo suyo es seguir en una huida hacia adelante permanente, con amnistía pero sin Presupuestos, desafiando cuando no incumpliendo la Constitución y utilizando poderes del Estado de forma partidista y mafiosa, como estamos viendo en el caso de la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso.

Las casualidades en política no suelen darse; mucho menos con Sánchez y su Brunete mediática con capacidad para aventar maniobras de distracción cuando más arreciaban las acusaciones por la «corrupsoe» en pandemia y la irrupción en escena de su esposa Begoña Gómez, conectada a la trama de las mascarillas mediante su comisionista principal, Victor de Aldama, y su relación con el rescate de Air Europa.

Y es ahí cuando emerge, casualidades de la vida, el asunto del fisco que atañe sólo a quien es la pareja sentimental de Ayuso pero que en nada compromete su acción política y de gobierno al frente de la Comunidad de Madrid. De este caso sólo estarían justificadas las sospechas y acusaciones contra la presidenta madrileña si Alberto González se hubiera servido de la influencia de aquella para contratar con la comunidad de Madrid o con otras del PP durante o después de la pandemia.

No se investiga eso sino un presunto fraude fiscal como el que afrontan miles de españoles habitualmente por parte de Hacienda, ni está acreditado que eso ocurriera, entre otros motivos, porque Ayuso, entonces, no era novia del investigado.

En cambio sí está acreditado que el Gobierno de «Al Pedrone» se ha servido de la maquinaria del Estado que implica a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria para atacar a una adversaria política utilizando un asunto particular de su pareja.

Mientras la Fiscalía incumplió sus deberes de sigilo y neutralidad revelando las negociaciones con un investigado para llegar a un acuerdo que no se firmó , la «Choni» Montero aireó públicamente información secreta de un contribuyente, horas antes de que esa misma información fuera publicada por un medio, cosa que es delito.

Alberto González anuncia, y hace muy bien, querellas contra ella, la Agencia Tributaria y la Fiscalía por revelación de secretos, hecho penado con inhabilitación y cárcel en el artículo 417 de nuestro Código.

En un país respetuoso y garante de los derechos y libertades de sus ciudadanos no tengo ninguna duda de que la fiscalía sería desautorizada por su superior jerárquico y la ministra de Hacienda, a la vista de lo denunciado, acabaría fuera del Gobierno e inhabilitada.

En la España de «Al Pedrone» y la «Kolda Nostra» tengo serias dudas de que eso vaya a ocurrir y en cambio es más probable que cualquier mañana nos encontremos la cabeza cortada y ensangrentada de un caballo en nuestra cama, como en la escena de El Padrino, para recordarnos quien manda en la fiscalía y en la Agencia Tributaria.