Sánchez se está comprando España

El Gobierno de Sánchez, en su incesante proyecto de destrucción de la democracia liberal en todos los órdenes, ha dado un salto en los últimos meses que, en el fragor de la batalla política, institucional y judicial, no ha tenido seguramente la atención que merecía: la colonización política del mundo empresarial, sustentada en dos frentes complementarios y perfectamente diseñados.

De un lado, la guerra declarada a la CEOE, interlocutor legal del Gobierno en eso que denominan «diálogo social» que cobija, además de lo razonable, el formidable ramillete de excusas para perpetuar un régimen sindical que ha vampirizado la Administración Pública y está detrás del incremento de la deuda, la funcionarización de la sociedad y el reforzamiento de la industria política, el más inútil sector de la economía española y también el que menos padece los estragos que provoca.

En este frente, la apuesta por consolidar «patronales verticales» que ocupen el espacio de los empresarios para, en realidad, someterlos al criterio del Gobierno, es evidente: cuando no promociona a unas, curiosamente dirigidas por directivos que antes de ser aupados patrocinaron a Begoña Gómez, se sirve de los sindicatos para impulsar otras, destinadas en realidad a usurpar el espacio de los verdaderos autónomos, los agricultores, los transportistas o las pequeñas pymes familiares.

Y en el segundo flanco, directamente irrumpe en el capital de las compañías, en sus consejos de administración y en la presidencia, con el doble objetivo de avanzar en una especie de nacionalización y de arrimar a su ascua política su orientación, decisiones y proyectos.

Indra, Correos o Telefónica son, junto a la hostilidad desatada contra el BBVA por una operación tan legítima como adquirir el Sabadell, los ejemplos más vistosos de una injerencia que no es barata pero nos acabará saliendo muy cara: las que puedan huirán, como hizo Ferrovial y ahora cotiza en el Nasdaq.

Y las que no, se someterán antes a unos objetivos políticos que de solo pensarlo ponen los pelos de punta que a unos intereses económicos, los únicos válidos para repartir empleo, prosperidad e impuestos.

Si el asalto a las instituciones se resume en la imagen de Sánchez dando órdenes en directo a la presidenta del Congreso o de tapadillo al fiscal general del Estado; el de la Justicia se concreta en la paralización del Poder Judicial con una ley caciquil hasta que se rinda y el de la prensa en la promoción indisimulada de discursos y normas tendentes a la censura y la coacción; en el mundo económico y empresarial se perpetra con el abordaje al capital de las grandes corporaciones, el nombramiento en ellas de directivos similares a Tezanos y la persecución sin tregua a la disidencia, sea Antonio Garamendi en la CEOE o Amancio Ortega en Inditex.

Que los sectores elegidos por Sánchez, que nunca ha trabajado fuera de la política, sean la tecnología, las comunicaciones y el dinero, alimenta el temor a que intente hacer con ellos lo que de facto ya hace con el CIS, que es inducir el estado de ánimo de la opinión pública y mediatizar, de un modo u otro, los resultados electorales.

Y que todo ello se complete con una indecorosa apuesta por la economía planificada, sustentada en un asistencialismo eterno para unos y un calvario fiscal para otros, dibuja un escenario aterrador al que hemos de darle toda la relevancia.

En un país que vive de la empresa pequeña, asfixiada y extenuada en su incierta carrera hacia la simple supervivencia, asistir en tiempo real al sometimiento político de las grandes compañías y al hostigamiento reiterado a sus representantes y no hacer nada, equivale a aceptar que los Roig, Del Pino, Ortega, Álvarez, Pérez, Entrecanales o March del futuro pasen a ser los Sánchez, Díaz, Belarra o Sordo del presente.

Se están comprando un régimen nuevo, colapsando todos los espacios autónomos imprescindibles en una sociedad sana, con el dinero previamente incautado, y aquí seguimos pensando que antes o después todo pasará. La realidad es que quizá lleguemos tarde ya.