Cándido y Álvaro, los pretorianos de Sánchez

Begoña Gómez no ha querido declarar ante el juez Peinado pero este, me da la impresión por las opiniones recogidas entre abogados y fiscales, no archivará el caso y terminará proponiendo a las partes la apertura de juicio oral una vez concluya la instrucción. Tras el silencio de la investigada serán los testimonios recabados entre los testigos de las acusaciones, defensas y el propio juez quienes decidan el futuro procesal de la mujer de Sánchez .

Si al final se sienta en el banquillo, como pedirá la acusación, Begoña Gómez estará asistida por Antonio Camacho, el letrado que le ha pedido no responder ante el juez instructor, dejándole sin respuestas a los hechos por los que la investiga y, obviamente, también por el fiscal del caso que ya pidió su archivo y que, ante la ausencia de material incriminatorio, según su opinión, no ejercerá la acusación sino que pasará a convertirse junto a Camacho en abogado defensor de la acusada. Cosa nada sorprendente tratándose de la Fiscalía y su dependencia del esposo de Begoña.

La Fiscalía en este caso acudirá una vez más en auxilio de Sánchez y de su mujer y no en defensa de los intereses del Estado porque, como se ha visto ya en otros, cuando hay algo que compromete personal y políticamente a nuestros 'Kirchner' de la Moncloa ahí está en primer tiempo de saludo García Ortiz o algún mandado.

Begoña Gómez se negó a declarar ante el juez y está en su derecho de hacerlo como está en el de los demás pensar que algo tiene que ocultar cuando se niega a responder a su señoría. La estrategia jurídica de su abogado puede ser acertada pero alimenta el conocido dicho de «quien calla otorga».

Es evidente que se trata de una táctica dilatoria del letrado pero también hay, por parte de la investigada, algo de arrogancia en su comportamiento ante un desconocido juez de instrucción que ha osado investigarla, a ella, la mujer de Pedro Sánchez, Su Sanchidad, que cada día se siente más impune e inmune gracias a su guardia pretoriana conformada por la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional, siempre prestos para apoyar sus intereses políticos y familiares.

El proceder de la Fiscalía General del Estado, pendiente de cubrirle las espaldas a Sánchez y a su familia, ya sea en este caso como en el de la amnistía o en el de la pareja de Ayuso, y el de la mayoría «sanchista» del Constitucional a las órdenes de Cándido Conde-Pumpido decidiendo en favor del PSOE, partido que nombró y sentó en el citado tribunal a los siete magistrados escandalosamente parciales en el caso de los ERE, ha llevado al desprestigio y descrédito absolutos a estos dos pilares del Estado de derecho y de la democracia.

Resulta un sarcasmo que el mismo Sánchez que más ha deteriorado la calidad de nuestra democracia asaltando, ocupando e instrumentalizando en su provecho instituciones, organismos y empresas públicas se presente ahora en las Cortes con un supuesto plan para defenderla y regenerarla.

Es insultante que además lo justifique con la excusa de combatir mentiras y bulos cuando él mismo los difunde sin ningún pudor y muy poca vergüenza desde la tribuna del Congreso contra Feijóo.

Y es pueril y nos toma por idiotas que pretenda pasarse por un paladín defensor de la democracia, supuestamente amenazada por la ultraderecha o por los medios que alimentan la «máquina del fango», cuando la única amenaza reside en su deriva autocrática y autoritaria, en la falta de transparencia y rendición de cuentas de su Gobierno o en la ausencia de respuestas a los casos de corrupción de su entorno familiar y del PSOE.

Son estos asuntos realmente los que están detrás de la mentirosa e impostada pulsión regeneradora de Sanchez cuyo objetivo no es otro que intentar desviar la atención y tapar el alcance de las investigaciones que dos jueces de Madrid y Badajoz llevan a cabo sobre las actividades sospechosas de su mujer y su hermano, ejercidas bajo la influencia y el poder que otorga la Moncloa.

Es evidente que a Sánchez esta forma de gobernar y afrontar los problemas de su entorno familiar le habrían resultado muy complicado e incluso imposible de mantener si no contara con pretorianos serviles, de obediencia perruna, ya sea en los medios que te señalan en su portada para ponerte en la diana de la Agencia Tributaria por un saludo frío y distante al Líder Supremo, como se ha hecho con Dani Carvajal, o en el Constitucional que te alivia los delitos de corrupción si eres del PSOE. Y no te digo más si encima has trabajado a las órdenes del exonerado con el que veraneas en Zahara de los Atunes, que es el caso de Juan Carlos Campos y Manuel Chaves. Pero no crean que se avergüenzan, ni aquel por fallar a favor de este, ni este por aprovechar una decisión política para reivindicarse a pesar de los 680 millones de euros defraudados bajo su gestión en la Junta de Andalucía.

Cuando se anteponen los compromisos e intereses ideológicos y de partido suele ocurrir que magistrados contaminados por sus afectos políticos en favor del gobierno de turno usurpan la función del Tribunal Supremo y acaban «concediendo privilegios de inviolabilidad e inmunidad» a políticos socialistas condenados por prevaricar y malversar dinero público además de «crear un artificio que ha dado cobertura legal a una trama criminal» como la de los ERE. No lo digo yo. Lo han escrito en sus votos particulares los magistrados discrepantes del Constitucional, que ponen en cuestión que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley con estas sentencias. Amén .