Otra vez la Ley de Defensa de la República

El llamado «Plan de acción democrática» que ayer anunció el Gobierno es un paso atrás en la historia de nuestras libertades. Un plan que evoca con fuerza la Ley de Defensa de la República que se aprobó el 21 de octubre de 1931. A lo que ya apuntó en estas páginas Carlos de Urquijo el pasado 9 de septiembre en su artículo Ley de Defensa de la Democracia.

Igual que Sánchez cree que hay que proteger a Begoña Gómez, la ley de 1931 arrancaba en su artículo 1 no enunciando por qué hay que defender la institución sino señalando directamente los que «Son actos de agresión a la República y quedan sometidos a la presente ley…» Y entre otros, enumera:

3) La difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público. Estamos en lo mismo. ¿Quién va a decidir qué noticias pueden incurrir en esos quebrantamientos?

5) Toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones u organismos del Estado. Evidentemente Sánchez considera a su mujer una institución del Estado como ha quedado demostrado por la retirada de la embajadora de España en Buenos Aires.

6) La apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras. Hay que reconocer que no es una casualidad el que entonces no se permitía defender la idea de la Monarquía y ahora el Gobierno está proponiendo despenalizar los ataques a la Corona.

Y sin mayor empacho se designó entonces al ministro de la Gobernación para aplicar las sanciones y escuchar los recursos de las personas sancionadas.

Los proyectos de antaño y hogaño están hechos de la misma pasta que es la del rencor. No están hechos para promover las libertades, sino para cercenarlas. Y por ello este Gobierno trae una revisión en profundidad del Código Penal para eliminar los delitos de ofensas contra los sentimientos religiosos e injurias a la Corona y al resto de las instituciones del Estado. Y, también, por la reforma de la Ley de secretos oficiales y de la de Publicidad y Comunicación Institucional. Con este cambio en defensa de la supuesta libertad se puede injuriar al Rey. Me gustaría saber si habrá la misma libertad para injuriar al presidente del Gobierno. Y queda claro que se puede injuriar a la Iglesia Católica. Pero me gustaría saber también si hay la misma libertad real para injuriar al Islam. No lo digo porque desde la Justicia se persiga a quien lo hiciere, sino porque todos sabemos que vivimos en tiempos en los que para el ciudadano del común no tenían ninguna consecuencia esas injurias. Pero a ver quién tiene lo que hay que tener para atreverse a agraviar una religión que sigue defendiendo la muerte de quien la denigre. Verdaderamente estamos en dos ligas distintas. Y el Gobierno está intentando demoler las bases de la civilización española tal y como la conocemos.