Día a día van mordisqueando tu libertad

Ha llegado a El Debate, dirigida a su director, una carta de una persona llamada Cristina Hernández Martín. No tengo el placer de conocerla de nada, pero no debe ser muy instruida, o despejada, pues se refiere a El Debate, un clásico de la prensa española fundado en 1910 y que hoy cuenta con 1,4 millones de lectores diarios, como «una revista». Además llama «información» a lo que en realidad es un anuncio de publicidad programática de internet.

El tono de la misiva es altivo y regañón. Quien la firma ocupa el cargo de directora del Instituto de las Mujeres, que forma parte del muy ideológico Ministerio de Igualdad. La burócrata informa sobre que cuentan con un Observatorio de la Imagen de las Mujeres, «con el fin de velar por una correcta representación de las mujeres en la publicidad y los medios de comunicación, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente».

En ese sentido, procede a abroncar a este periódico por la aparición en él de una publicidad titulada así: «¿Cuánto debes pagar a una señora de la limpieza por limpiar tu piso? Estos son los precios». La queja atiende a que en la foto que ilustra el anuncio aparecen tres limpiadoras uniformadas en una cocina con su equipo de trabajo.

El Ministerio de Igualdad reconoce que «estamos hablando de un sector altamente feminizado en la actualidad», pero aún así concluye que se están «transmitiendo estereotipos discriminatorios» y «contribuyendo a perpetuar la segregación horizontal y las situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral». Nótese la jerga pretenciosa del texto, en realidad más bien petarda (lo de «segregación horizontal» es memorable).

La firmante señala que se dirige al periódico «desde el más absoluto respeto a la libertad de información y expresión» –¡solo faltaría que escribiese lo contrario en una teórica democracia!–, pero acto seguido se cuida de apuntar que es obligatorio observar el «estricto cumplimiento» de dos Leyes Orgánicas: una de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y otra de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Sabedora de que en realidad no puede reprochar nada legalmente al periódico, la carta concluye con una manifiesta amenaza: «Transmito mi enorme preocupación por este asunto y le insto a tener el mayor cuidado con el cumplimiento de dicha normativa para evitar que se emitan este tipo de contenidos discriminatorios».

En una charla distendida, le cuento esta historia a un amigo más inteligente que yo y me hace la siguiente interpretación coloquial, con la que concuerdo: «Me dejas flipado. Es decir, el Ministerio de Igualdad tiene ahí colocadas unas charos subvencionadas que se dedican a rastrear todo lo que publican los periódicos, para vigilarlos, echarles la bronca y asustarlos».

Y así es. La cartita no pasaría de anécdota si no formase parte de una lluvia fina constante. Existe una presión tenaz que busca que todos los medios de comunicación y artistas se vean obligados a presentar cualquier situación cotidiana como hacen en las series de Netflix, donde pase lo que pase, y discurra la escena en la época y el país que sea, no pueden faltar las cuotas raciales, el inefable personaje gay, mujeres con mando y las familias rotas. Y no me estoy deleitando en la incorrección política, me limito a consignar un hecho.

En España tenemos un Gobierno que va picando cada día trocitos de nuestra libertad. «Mi casa es mi castillo», proclamaba Edward Coke, el gran jurista inglés de la época isabelina, como un modo de afianzar los derechos que tenemos todos los particulares. El inteligente ilustrado Constant de Rebecque daba un aviso en la misma línea, a caballo entre los siglos XVIII y XIX: «Rogamos a la autoridad que se mantenga en sus límites, que se limite a ser justa, nosotros ya nos encargaremos de ser felices». Milton Friedman, Nobel de Economía, repitió hasta el hartazgo que «el Gobierno debe ser un árbitro, no un jugador activo». Todas esas sabias advertencias ya no se respetan hoy en España, donde sufrimos un poder abrasivo.

El Ejecutivo de Sánchez no ejerce de árbitro. Se ha convertido en el más activo, marrullero e intrusivo de los jugadores. No solo se está cepillando la democracia con una insólita guerra declarada a los jueces y a la prensa que hace su trabajo (es decir, la crítica); sino que en paralelo van dando dentelladas a nuestra libertad cada día.

En parte de España ya no puedes podar los árboles de una finca privada sin pedir permiso y sin que venga un técnico a inspeccionar. La relación con nuestras mascotas está regulada por una durísima Ley de Bienestar Animal. El Estado legisla también sobre las relaciones íntimas de las parejas. El Estado establece cómo han de ser los tapones de las botellas. Marlaska acaba de imponer un registro, apodado ya el Gran Hermano, donde perfora la intimidad de las personas para hacer una simple reserva hotelera. El Estado socialista ha fijado además por ley cómo se debe estudiar la historia del siglo XX español, con una versión maniquea y falsaria, que han hecho obligatoria pisoteando la libertad de cátedra y la de expresión.

El Estado socialista quiere dirigir las actividades extraescolares de los niños, quién les habla y qué les dice. El Estado socialista de Sánchez –y los ayuntamientos entreguistas que le han hecho caso– prohíben circular por determinadas calles a los ciudadanos que no tienen dinero para comprarse un coche más moderno, capaz de recibir las debidas etiquetas.

Por último, y tal vez lo más importante, la voracidad fiscal que sufrimos es la mayor de la historia de España. Trabajamos en buena medida para el Estado socialista, que nos fríe a impuestos y cotizaciones, con lo que ha liquidado buena parte de nuestra libertad económica. Tenemos que esforzarnos como burros para intentar alcanzar una cierta calidad de vida, porque además de a nuestras familias mantenemos a un Gobierno voraz y manirroto.

España necesita una contrarrevolución liberal. Si dejamos que esta gente siga avanzando, acabarán vigilando hasta nuestros sueños.