Podría haber sucedido así

Érase una vez un fiscal que recibe una llamada de un palacio muy poderoso. Un periódico acaba de publicar que la fiscalía ha ofrecido al novio de una presidenta autonómica de otro partido un acuerdo de conformidad para rebajar su pena por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental. Suena el teléfono del fiscal. Le llama un jefe de Gabinete, en nombre de un ministro.

-Oye, ¿esto es verdad? Porque estamos quedando muy mal.

-Me voy a informar. Díselo al presidente. Pero creo que eso ha sido exactamente al revés. Ha sido su abogado el que ha comunicado con nosotros.

-Pues date prisa que nos llevan ventaja y el jefe se va a cabrear. Hay que demostrar con pruebas lo que dices.

El fiscal de esta historia inventada llama a dos de sus subordinadas y les requiere el expediente de ese ciudadano. Sacan al responsable de delitos económicos, autor de las negociaciones, de un partido de fútbol. Obediencia debida, piensan las representantes del Ministerio Público, cuando atienden los requerimientos de su superior, que insiste con una de ellas.

-No me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato.

Una de esas subordinadas, según se desprende de su móvil, termina escribiendo un mensaje que reza: «he enviado todo». Cuando la información llega al dispositivo de su jefe, este se lo pasa a su primer interlocutor para que compruebe que el acuerdo de conformidad, como ya apuntó él, se negocia a instancias del letrado del acusado y no como dijo aquel diario al que le había filtrado la información sesgada el jefe de gabinete de la citada presidenta autonómica. Entonces, el fiscal firma y publica un comunicado institucional que da origen a las primeras denuncias del investigado y del Colegio de Abogados de Madrid. Pero lo importante, en esta historia inventada, son los datos tributarios con los que se ha traficado para desacreditar a la pareja de la presidenta autonómica. Con esa información fresca, llega la tranquilidad del jefe, que ve el camino expedito para atacar a esa rival contra la que siente una enfermiza obsesión. Desde su equipo se repara en que un barón regional tiene la oportunidad de espetárselo en el pleno de la Asamblea a la susodicha líder de la derecha ese mismo día de marzo. Pero el avispado líder regional, técnico de Hacienda, duda. Sabe que esa información es muy sensible y solo le puede traer problemas.

-Quieren que yo saque el mail de la fiscalía. Que no ha salido pero que lo saque yo. No puede ser.

Unos meses después acude al notario, sabedor de que esa información circulando de teléfono en teléfono es una bomba de relojería y un delito de libro de revelación de secretos, que algún día podría dar con él ante un juez.

De los mismos móviles desde donde se envían los datos reservados al portavoz en la Asamblea salen también mensajes hacia los medios amigos. Uno lo publica con entrecomillados. Es el momento en que el socialista autonómico ya puede hacerlo público desde su escaño. Y lo utiliza en una sesión de control frente a su adversaria política.

Nueve meses después en esta historia inventada aquel fiscal es imputado. En un registro en su despacho, la Guardia Civil le incauta dos móviles. Cuando va a ser volcada la información, la unidad de élite de la Benemérita encuentra «cero mensajes». El juez que dirige desde el Supremo la investigación acuerda diligencias para rastrear los teléfonos del imputado tras el borrado de mensajes. Pide la identificación del IMEI de las dos tarjetas utilizadas y la titularidad de sus números de teléfono. Además, llama a declarar a parte del equipo del fiscal y, sobre todo, sigue enfocando sus pesquisas hacia aquel móvil del cargo público desde el que salieron mensajes hacia el grupo parlamentario autonómico y, quizá también, hacia el Ministerio Público. Cada vez está más cerca cerrar el círculo en esta historia figurada.

¿Y si todo hubiera sucedido así?