Ley de ¿Seguridad Ciudadana?

Una sociedad democrática debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos y como refrenda el artículo 104.1 de nuestra Carta Magna proteger el libre ejercicio de sus derechos y libertades. La imagen que la ciudadanía tiene de los Cuerpos de Seguridad viene tamizada más por posicionamientos ideológicos previos que por constataciones percibidas de sus actuaciones. El objetivo de éstos, más que perseguir el delito, es evitarlo con el fin de preservar la tranquilidad pública, para ello dotarles de recursos materiales y humanos es fundamental, justo lo contrario que pretende esta ley en ciernes auspiciada por movimientos desestabilizadores que sólo buscan la impunidad de sus acciones, que ahora podrán estar refrendadas legislativamente. Toda sociedad genera cierta inseguridad según su estructura social, cultural y económica. Digamos que el conflicto es inherente a la vida en comunidad. Esta previsible pérdida de autoridad y la subsiguiente impunidad es una verdadera agresión a la paz social que sólo traerá perjuicio a la mayor parte de la ciudadanía. Será el caldo de cultivo para que movimientos radicales tomen las calles con total impunidad. La prevención, es decir, detectar posibles focos de conflicto para evitar la comisión de delitos será ahora más complicado de atajar. La máxima de los Cuerpos de Seguridad es actuar ejerciendo la menor violencia posible y consiguiendo la mayor eficacia en aras de la seguridad ciudadana. Debilitar los lazos de cohesión social como esta negligente coalición está llevando a cabo con un presentismo absurdo conllevará indudablemente un incremento de la delincuencia e inseguridad ciudadanas. Tendremos menos paz social y no sólo por la inflación galopante, sino por esta desquiciada pretensión de ley de inseguridad ciudadana.