La «industria política» no es Estado de Bienestar

El contraste entre la inflación, disparada ya en las lindes del 10 por ciento, y la imagen del Gobierno de vacaciones, resulta insoportable y estéticamente deplorable: no se puede tener a un país sumido en la excepcionalidad económica y, mientras, quienes deben atender esa situación de asueto.

O peor aún, vertiendo antes de desaparecer falacias tales como la expresada por Pedro Sánchez, según la cual el recibo de la luz está en las cifras de 2018.

La trampa de utilizar los precios del mercado libre para hacer media con las desbocadas tarifas reguladas y, además, restarle la inflación y cuadrar con ello los números; evidencia la naturaleza de un Gobierno más preocupado por maquillar el sistemático fracaso de sus compromisos que por solventar los problemas.

Lo cierto es que un español es hoy un 10 por ciento más pobre que hace tres meses y que, aunque la inflación golpea en todo el mundo, aquí es entre cuatro y seis puntos más elevada que en los países de su inmediato entorno, como Portugal, Francia o Italia.

Y lo cierto es que, ante esos sobreprecios, la única reacción del Gobierno es intentarle hacer creer a los españoles que no es cierto lo que ven con sus propios ojos y sufren en sus maltrechos bolsillos: escuchando a cualquier portavoz de Sánchez, se diría que casi es una buena noticia la inflación porque gracias a ella el Estado bate récord de recaudación y puede así sustentar los servicios públicos.

La realidad es que, mientras la sociedad se empobrece, el gasto familiar sube un 12 por ciento en pocos días y se confirma el cierre de hasta 10.000 pequeños negocios en unas semanas, el Gobierno se niega a reducir el esfuerzo fiscal vigente, uno de los cinco mayores del mundo, con una excusa desmontable desde los hechos y las cifras.

Si algo pone en entredicho el Estado de Bienestar no es la reducción del descomunal gasto público superfluo; sino el mantenimiento del derroche en la «industria política»

Porque todo lo que ingresa el Estado va, además de a sanidad, educación, seguridad o cualquier servicio ciertamente indispensable; a sostener un derroche inasumible e ineficaz resumido en una imagen icónica: la del propio Gobierno y sus 22 ministerios, una decena más de los que tiene Alemania.

España necesita otra política económica, pero además decencia en el debate público sobre ello: si no se parte de la realidad y del exhaustivo análisis de cómo se justifica cada impuesto y cuál es su destino constatable; es imposible proceder a la reforma estructural que la situación reclama a voces.

Porque si algo pone en entredicho el Estado de Bienestar no es la reducción del descomunal gasto público superfluo; sino el mantenimiento del derroche en la «industria política» que vive de él, lo debilita y se lucra de la miseria que, por todo ello, va generando.