La ideología de género del Gobierno no defiende a las mujeres

Nunca habían muerto, asesinadas, tantas mujeres como en este aciago final de año, con 12 víctimas mortales contabilizadas en apenas un mes y escenas tan macabras como la última: el bárbaro que acabó con la vida de su expareja en un pueblo de Toledo terminó también, al mismo tiempo, con la del bebé que engendraba, a punto de nacer.

Los delitos son siempre individuales, y señalar a un género es tan inconstitucional y deleznable como hacerlo a una raza, un credo o una ideología: no son los hombres quienes matan, pues, sino cada hombre responsable de una barbaridad que nos apela a todos y obliga a buscar los mejores antídotos.

Que no son los del Gobierno de Pedro Sánchez ni, más en concreto, los de su Ministerio de Igualdad. Desde que comenzaron su andadura, han sido más eficaces en la implantación de una burda guerra de géneros que en auxiliar a las víctimas de un fenómeno insoportable.

Las cifras de muertes anuales, sostenidas en los últimos tres años, demuestran que la catarata de leyes frentistas, de derroche en asociaciones observatorios e institutos de todo tipo y de discursos criminalizadores solo han servido para consolidar un proyecto de ingeniería social más amplio y para generar una costosísima industria de género, tan cara como inútil, cuando no contraproducente.

Pero no han salvado la vida a nadie, ni siquiera a las mujeres que habían denunciado con anticipación el riesgo que sufrían y resultaban más fáciles de proteger.

No se trata de culpar al Gobierno de nada, aunque con otros partidos al frente la izquierda sí lo ha hecho con infinita miseria moral, pero sí de exigirle respuestas prácticas, legales y económicas que partan de un análisis decente del problema y renuncien a explotarlo, espuriamente, para hacer caja política o económica.

Si con la «Ley de Libertad Sexual» se ha demostrado ya, de manera fehaciente, que el delirio ideológico que la impulsaba solo ha valido para auxiliar a los delincuentes; con las políticas vigentes de violencia de género ha quedado claro que no sirven para otra cosa que no sea enfrentar a la sociedad, fracturarla por géneros y renunciar a un consenso unánime y preexistente en el que estamos todos.

Que Igualdad tenga un presupuesto de 500 millones de euros anuales y solo esté valiendo para crear problemas donde no los había, mientras engordan los dramas reales y no tiene una respuesta pública decente, solo confirma la necesidad de hacerlo desaparecer cuando unas elecciones lo permitan. Irene Montero, y el propio Sánchez, dan lecciones sobre todo y a todos, pero las consecuencias de sus doctrinas de saldo son evidentes: hay más agresiones sexuales y mueren más mujeres en España.