Tribunal Sanchista, no Constitucional

La cadena de decisiones de urgencia del nuevo Tribunal Constitucional en favor de las leyes más inhumanas del Gobierno y el renovado brío para conquistar, como sea, el Poder Judicial, demuestran que nada ha cambiado en el ánimo de Sánchez de inutilizar o al menos debilitar la separación de poderes, clave para definir la verdadera calidad de un sistema democrático.

Que el máximo órgano de garantías se haya comportado, en tiempo récord, como una vulgar extensión de las decisiones del presidente en terrenos tan controvertidos como la eutanasia, el aborto o la educación es un mero anticipo de lo que será, con este Gobierno u otro al no coincidir su mandato con el calendario político, en el futuro.

Una especie de guardia pretoriana de las esencias ideológicas, sociales y doctrinales de una izquierda desdibujada que, por un lado, aspira a colonizar hasta el último rincón del Estado y, por el otro, a imponer sus cánones delirantes al conjunto de los ciudadanos, bloqueando en ambos casos todo atisbo de reforma para volver al sentido común.

Lo que el Constitucional no fue capaz de resolver en más de una década, como sucedió con el recurso a la ley del aborto originaria de Zapatero, lo ha avalado en apenas unos meses para profundizar en su deriva inhumana, consolidando el inexistente derecho de menores de 16 años a interrumpir sus embarazos sin la participación o el conocimiento de su propio entorno familiar.

Algo que también ha hecho con la eutanasia, una agresión tristísima al principal derecho del ser humano, que es la vida, convirtiendo el unánime respaldo social a los cuidados paliativos en una cruel ceremonia del suicidio asistido desde el Estado: cuando se legisla sobre el imaginario «derecho a morir» en unas circunstancias determinadas, se acaba avalando en todas, con independencia de la edad, la salud o cualquier otro matiz.

Finalmente, consolidar la LOMLOE impuesta unilateralmente por el Gobierno en plena pandemia, confirma la reconversión del Tribunal en una instancia sumisa a Sánchez que, lejos de verificar la constitucionalidad de sus decisiones, se la concede rutinariamente aunque sean abusivas.

La sospecha de que esa deriva acabará por incluir también a la propia estructura constitucional de España está, pues, más que justificada. Y tampoco es osado temer su irrupción en cualquier conflicto de carácter electoral que pueda sobrevenir, especialmente si la utilización perversa de este órgano se completa con el asalto al Consejo General del Poder Judicial y el control de la Junta Electoral, residente en un Congreso ya sobradamente puesto al servicio de Sánchez con las malas artes de Meritxell Batet.

El juego de mayorías parlamentarias le permite a un Gobierno adoptar medidas, respetando los trámites y procedimientos establecidos, sin duda. Pero sometiéndolo también al equilibrio de los contrapoderes genuinos del Estado de derecho y, a ser posible, a la búsqueda de consensos, indispensables cuando se tocan las estructuras más genuinas de la convivencia.

Nada de eso le importa a Sánchez, definitivamente instalado en una pendiente autocrática sin precedentes que, lejos de frenarse, intenta blanquearse con el plácet de las instituciones creadas para ser un obstáculo, ahora enfrascadas en ser un trampolín.

Alguien tiene que frenar esta deriva, en nombre de la democracia, cuyas costuras se han puesto al borde de la ruptura por la irresponsable tendenciosidad de un presidente que, cuanto más acorralado se siente por los sondeos, más acelera en su proyecto sectario.