El acierto fiscal de Mazón

Carlos Mazón ha iniciado con buen pie su etapa en la Comunidad Valenciana, objeto en los últimos años de una de las peores gestiones de España, caracterizada por la mezcla del populismo político, el seudonacionalismo y la incompetencia económica del PSOE y sus socios del llamado «Botánico», Compromís y Podemos.

Sus primeras medidas no han podido ser más acertadas y, además, aleccionadoras de que es posible tratar al ciudadano de una manera bien distinta a la del Gobierno de Pedro Sánchez, muy parecido al que hasta la pasada primavera padecieron los valencianos.

Entre ellas, destaca la apuesta por reducir la presión fiscal, empezando por la plausible supresión del intolerable Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un invento confiscatorio que la izquierda ha mantenido, en contra de toda lógica, para gravar dos veces lo que ya había sido previamente pagado por los propietarios originales.

Las decisiones de Mazón, que ha intentado demostrar desde el primer momento la solvencia de un Gobierno radicalmente distinto al anterior, facilitan la vida a los valencianos, en la medida que no añaden aún más quebrantos a sus rentas, literalmente asaltadas por una presión fiscal, impuesta desde la Moncloa, a todas luces insoportable.

La participación de los cotizantes al mantenimiento del estado de bienestar, en cuyo nombre se perpetúa tan a menudo la supervivencia del bienestar del estado, ha subido casi un 100 por ciento desde la etapa de Aznar hasta la de Sánchez, con el mayor crecimiento de todos los países avanzados de la OCDE desde la pandemia.

Todo lo que no sea disponer de la renta ajena más allá de lo necesario para mantener los servicios públicos esenciales, definitorios de una democracia sensata, equivale a empobrecer a la parte productiva de la sociedad para sostener un aparato clientelar en el que el Gobierno se presenta a sí mismo, con inmensa ramplonería, como garante de la supervivencia de los ciudadanos.

Eso lo ha entendido a la perfección Mazón, como también Ayuso, Moreno o Feijóo; con una política audaz que no afecta a lo sustantivo de las prestaciones de la Generalitat y, a la vez, alivia la autonomía económica de los valencianos.

Frente a la visión de la izquierda, que apuesta por la incautación recaudatoria sin límites, conviene destacar la valentía de quienes no se dejan llevar por la tendencia y optan por lo razonable. Porque solo allá donde hay ciudadanos prósperos, hay sociedades en progreso. Y la Comunidad Valenciana apunta en esa dirección, afortunadamente.