Todos a la calle

El PP ha convocado un acto de protesta este domingo en Madrid, que sucede a otras manifestaciones espontáneas celebradas por toda España a comienzos de septiembre y a otra en Barcelona, en octubre, promovida por la ejemplar organización Sociedad Civil Catalana.

Algo se ha movido en las entrañas de la ciudadanía ante el desfalco constitucional iniciado por Pedro Sánchez, que atenta contra el núcleo de la propia democracia: comerciar con la igualdad, la ley, las instituciones y las normas esenciales del Estado de derecho para lograr repetir en el cargo es simplemente inadmisible y reclama una reacción social histórica.

No se trata ya de una disputa ideológica convencional ni tampoco del desagrado ante unas políticas distintas, sino de defenderse de un chantaje espurio de la minoría separatista, aliada con un dirigente irresponsable que pone en subasta a su propio país para alcanzar de esa manera lo que no logró en las urnas.

Los cambalaches de Sánchez han sido, en realidad, la marca distintiva de su trayectoria, marcada siempre por obscenos acuerdos que le colocaban en una posición mejor que la concedida por las urnas, a cambio de unas concesiones escondidas a la ciudadanía, negociadas clandestinamente e incompatibles con la letra y el espíritu de la Carta Magna.

La certeza de que esa cadena de despropósitos se va a coronar con la aprobación de una amnistía y tal vez un referéndum de autodeterminación exige, pues, una reacción cívica y democrática que demuestre el músculo de la sociedad española para oponerse a un abuso ilegal e ilegítimo, de consecuencias irreversibles para la nación, la convivencia y la igualdad.

Porque Sánchez, simplemente, no tiene derecho a pagarse la Presidencia con los intereses de todos, humillando a España, degradando sus leyes e invirtiendo el orden natural en una democracia: los delincuentes no eligen quién gobierna ni obtienen a cambio la satisfacción de los objetivos que les llevaron a delinquir, una obviedad sin banderas ideológicas ni partidistas que interpela al conjunto de los españoles.

No se trata de protestar contra un resultado electoral ni contra una combinación parlamentaria que compense, mediante acuerdos legítimos, la falta de apoyos propios de un candidato; sino de oponerse frontalmente a que un negligente sacrifique la integridad de su propio país para lograr que sus mayores enemigos le mantengan en el puesto, intervenido por ellos y al servicio de sus objetivos.

Que la indignación con Sánchez proceda incluso de una parte nada desdeñable del PSOE, incluyendo dos de sus más legendarias figuras, demuestra que el desafío planteado por el dirigente socialista no interpela solo a sus rivales políticos. Lo hace al conjunto de los españoles y, por ello, todos están concernidos y son responsables de la respuesta.

Llenar pacíficamente las calles, de manera masiva y democrática, es una obligación de la que nadie puede ya renegar: está en juego el presente y el futuro de un país que no puede quedar en manos de un prófugo de la Justicia, un condenado por sedición y otro por terrorismo. Ésos son los socios de Sánchez, cómplice de todos ellos e hilo conductor del peor momento para España desde aquel Golpe de Estado fallido en 1981.