Pilar Bernabé debe dimitir ya

Aunque la magnitud de los escándalos que acorralan a Pedro Sánchez, al PSOE, a su Gobierno y a su propia familia es formidable y casi todo lo demás parece menor a su lado, conviene denunciar la inaceptable falsificación del currículum de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y aspirante socialista a la alcaldía de la capital del Turia.

La dirigente socialista en cuestión se atribuyó hasta dos licenciaturas universitarias que no tiene, y su partido, de cuya Ejecutiva Federal forma parte, así lo difundió en sus canales oficiales hasta que se conoció el fraude: Bernabé no había culminado sus estudios y pese a eso se los apropió, con un comportamiento más grave que, por ejemplo, el que le costó el puesto a un ministro del Gobierno de Alemania.

La ejemplaridad es una exigencia para un cargo público, que debe ser juzgado más allá del Código Penal: no todo lo que no es delito es inocente ni debe quedar impune, y desde luego que engañar a la ciudadanía y atribuirse méritos falsos es incompatible con la representación de los ciudadanos.

Lo que salva a Bernabé es el ecosistema interno del PSOE, en el que sus abusos son similares a los de otros, con un paisaje desolador que, en lugar de provocar dimisiones en cadena, facilita que unos se protejan a otros en un juego indecente de impunidades: el propio presidente plagió con descaro su tesis para lograr la titulación de doctor; y de todos son conocidas las presiones de Begoña Gómez, desde la propia Moncloa, para crearse una cátedra en la Complutense utilizada luego, presuntamente, como una sociedad limitada para hacer negocios.

Con esos antecedentes tan sangrantes, la lógica interna de un deteriorado PSOE hace que nadie se atreva a pasarle factura a Bernabé, que bien podría devolver la jugada exigiendo exactamente lo mismo. El resultado es que la ejemplaridad, a la que el propio Sánchez apeló para justificar una artera moción de censura contra el Gobierno del PP, es una herramienta ocasional para enmendar a las urnas con acuerdos intolerables con partidos marginales o peligrosos; pero no un valor de aplicación obligatoria en el ejercicio de la responsabilidad pública.

El caso de Bernabé es especialmente deplorable porque, desde hace cinco meses, se ha caracterizado por exigirle responsabilidades a Carlos Mazón por su comportamiento durante la catástrofe de la dana, con la misma intensidad demagógica con la que intentaba tapar las suyas propias y las de su Gobierno, descritas con precisión por El Debate en una investigación de cuatro entregas indiciaria de las omisiones y negligencias cometidas por el presidente y ministros como Marlaska o Ribera, cuya dejación de funciones exige, tal vez, la irrupción del Tribunal Supremo en escena.

La delegada del Gobierno no hizo su trabajo bajo la batuta de la Moncloa, tal y como define la Ley de Seguridad Nacional para casos tan terribles como el padecido en Valencia y otras regiones de España, y se ha dedicado en este tiempo a fabricar un escenario artificial inculpatorio de la Generalitat, con fines electorales tan indecentes como los que ya vivimos con el 11-M o el Prestige, instrumentalizados siempre por el PSOE para lograr ventajas vergonzosas.

Que ahora descubramos que además de todo eso mintió en su currículum para presumir de una trayectoria de la que carecía no es una sorpresa, pero sí una invitación a exigirle que se vaya, con oprobio y sin quejas. O que en todo caso se las haga a Sánchez, otro doctor de la nada.