La responsabilidad de Pedro Sánchez en la dana

Nadie con un mínimo de decencia y sentido común ha podido sostener nunca que la tragedia de la dana era un asunto doméstico de la Comunidad Valenciana. Su dimensión geográfica, su violencia inusual y el número de afectados convirtió la tragedia en un asunto nacional desde el primer momento, pese a la insólita actitud del Gobierno de tratarlo como un problema ajeno y doméstico.

Ahora, además de la lógica, lo señalan también varias resoluciones jurídicas del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que, a instancias de El Debate, le exigen a Pedro Sánchez rendir cuentas públicas sobre su actuación antes, durante y después de la catástrofe.

El presidente ha huido del escenario, metafórica y literalmente, hasta ahora, como si nada tuviera que ver con él y, todo lo más, estuviera dispuesto a ser generoso con los afectados, siempre y cuando se lo solicitara la Generalitat Valenciana, cuyo titular, Carlos Mazón, tampoco estuvo a la altura de las circunstancias, aunque bien es cierto que ahora trata de repararlo con una incesante actividad de recuperación.

Pero esa fuga ha llegado a su fin y tendrá que explicar sus escandalosas omisiones, señaladas desde el primer momento por este periódico y atendidas ya por una instancia legal de primer orden. Sánchez debió activar la Ley de Seguridad Nacional y aplicar lo que él mismo incluyó en un Real Decreto para desarrollar la respuesta del Estado ante emergencias como la sucedida en Valencia, pero también en otras comunidades y particularmente en la de Castilla-La Mancha.

No era una opción, sino una obligación prevista en la legislación que el presidente del Gobierno se encargó de recalcar en su hoja de ruta de la Seguridad Nacional, en la que aparecen destacadas las «catástrofes climáticas» de las que tanto habla en sus comparecencias públicas, incluso en el extranjero, y de las que tanto ha renegado cuando dramáticamente han tenido lugar en España.

Sánchez debió impulsar una «Situación de interés nacional» mediante uno de esos decretos que invierte en asaltar el Consejo de Administración de RTVE, firmado en las horas de mayor impacto de las inundaciones en Valencia. Y debió hacerlo para garantizar la respuesta coordinada del Estado con el resto de instituciones, bajo un mando que garantizara el mejor despliegue de medios y la mayor eficacia.

Y no lo hizo, sin más. Estaba en la India, hablando irónicamente de sequía y de cena privada con su esposa, Begoña Gómez, renunciando a ponerse al frente de una respuesta decente a un desafío sin precedentes. Todo ello debe explicarlo, si puede, justificando por qué no suspendió su viaje internacional, por qué despreció sus propias atribuciones, por qué no activó las herramientas del Estado previstas para estas situaciones y por qué, en definitiva, incumplió sus responsabilidades y se limitó a utilizar este horror como una excusa más para sus nefandas disputas políticas.

Sánchez les debe una explicación a los valencianos y, sin duda, pagar el precio que su lamentable actuación, entre la incompetencia y el cinismo, reclama a voces.