El Gobierno de España

Según las cifras oficiales, el censo electoral español convocado a las urnas para el 23 de julio de 2023 era, sumados los ciudadanos residentes en España y los que habitan en el extranjero, 39.791.742 millones. De ellos hicieron uso de su derecho 28.013.386 millones, un 70,4 por ciento del total. La suma de los votos que en las elecciones obtuvieron los partidos separatistas y terroristas –ERC, Junts per Cat, PNV, BNG, EH Bildu– alcanza la cantidad de 1.616.983 millones de votos. Es decir, un 5,77 por ciento de los españoles que acudieron a las urnas. De acuerdo con las previsiones de Sánchez para un posible gobierno de la nación española, correspondería a esa exigua minoría sentar las bases de nuestro inmediato futuro. Como de hecho ya lo han venido haciendo durante los años en que el sanchismo ha ocupado el poder ejecutivo desde el Palacio de la Moncloa.

Es evidente que los integrantes de esa sucia alianza, a la cual ha prestado y quiere seguir prestando, su aquiescencia el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Sánchez, tiene como última y siempre confesada finalidad la desaparición de España y su conversión en una república de taifas tan bananeras como dictatoriales y peligrosas. Lo han pretendido alcanzar con un golpe de Estado en 2017. Quisieron culminarla con un movimiento terrorista de alcance genocida –y quien al respecto tenga alguna duda, tómese la molestia de visionar el infame documental sobre el asesino Josu Ternera. Incluso los que querían mostrar una cierta faz de moderación no tenían empacho en repetir aquello de que «unos agitan los árboles y otros recogen los frutos».

Las reclamaciones sobre la amnistía y la autodeterminación, a las que Sánchez parece dispuesto a dar curso, son una monstruosidad política y jurídica, equivalentes a un golpe de mano para acabar con el Estado social de Derecho que constituye la base de nuestra convivencia. Pero no sólo es una aberración técnico-jurídica, y no existe un solo jurista fiable que en este momento no lo reconozca, sino que además es un golpe mortal contra la línea de flotación de nuestra democracia. La coalición sanchisto-separatista, como ha venido abiertamente demostrando, es un conjunto xenófobo, autocrático y ultranacionalista, empeñado en negar a los españoles de cualquier origen o convicción el derecho a la libertad, a la igualdad y a la prosperidad. La vuelta atrás a lo más negro y convulso de nuestra historia.

Mañana, martes 26 de septiembre, Alberto Núñez Feijóo en nombre del PP cumplirá con el encargo que le confió S.M. el Rey presentando ante el Congreso de los Diputados su programa de investidura para acceder a la Presidencia del Gobierno de España. Desde luego le corresponde hacerlo con una mención precisa y clara del modelo que el PP quiere para España, y es previsible y deseable que lo desarrolle con contundencia y convicción. Pero es también previsible, y en el fondo indispensable, que de manera directa e indirecta se refiera -como lo hizo ayer en la madrileña plaza de Felipe II, a la grave circunstancia a que se ve sometido el futuro de España como consecuencia de las cesiones sanchistas a la minoría separatista que quiere romper con la unión política, histórica y social española. Y a la responsabilidad en que incurrirían todos aquellos hoy diputados socialistas, muchos de ellos posiblemente conscientes del carácter terminal que pudieran tener sus decisiones, si en el momento de la verdad optan por cerrar los ojos e inclinar la cabeza ante las amenazas del jefe en vez de hacerlo siguiendo el deseo de sus votantes y de todos los españoles: en bien de España, su democracia, la libertad e igualdad de sus ciudadanos, el prestigio y la calidad de un país que supo rehacerse de sus desgracias y edificar una comunidad respetada por sus ciudadanos y respetable para los del resto del mundo. Su eventual voto a Núñez Feijóo no será nunca contabilizado como una traición a los propios sino como una apuesta por su propia dignidad y una decidida querencia por el juramento o promesa que realizó al ocupar su escaño: cumplir y hacer cumplir la Constitución de 1978.

Muchos han sido y siguen siendo los miembros del PSOE, antiguos o modernos, que han expresado su profunda repugnancia ante el grado en que las fuerzas separatistas están influyendo en la decisión del presidente en funciones Sánchez para, con su apoyo y a cambio de la correspondiente compraventa, seguir ocupando la Presidencia del Gobierno. Sus llamadas de atención tienen el mismo origen: avisar sobre los profundos peligros que tal conducta encierra. Porque, al fin y a la postre, ¿podemos seguir contando con la garantía del proceso democrático cuando resulta que el 5,77 por ciento de los de votantes, precisamente los que quieren acabar con él, son los que albergan el ultimo poder de decisión? ¿Qué futuro espera a España si Sánchez sigue siendo su presidente del Gobierno?