Atacar la Justicia es golpismo, presidente

El presidente del Gobierno ha coronado su inaceptable ataque al Estado de derecho acusando directamente a los jueces, nada menos, de participar en una conspiración orquestada en connivencia con el PP.

Se trata de una acusación antisistema, definitoria de un autócrata que convierte los contrapoderes propios de una democracia en un objetivo a derribar porque impiden su impunidad y no le permiten desbordar las reglas del juego para adaptarlas a sus intereses, con frecuencia espurios.

La barbaridad expresada por Sánchez es de una gravedad extrema, que refleja sin duda un miedo atroz a que la Justicia haga su trabajo y también presagia un peligro sin precedentes desde 1978: el desacato de un Gobierno a las decisiones de los tribunales, ya estigmatizadas de antemano para allanar el camino a ese desprecio definitivo, ya ensayado con la anulación de la sentencia de los ERE, perpetrada por un Tribunal Constitucional teledirigido por el líder del PSOE.

El desafío de Sánchez a la convivencia y la igualdad ante la ley supera así todos los límites conocidos, y obliga a darle la dimensión que tiene, explorando todas las vías de denuncia y réplica que la democracia prevé, en España y en Europa, donde no parece preocupar tanto esta deriva como, por razones de inferior gravedad, en los casos de Hungría o Polonia.

No se puede normalizar un ataque a la esencia de la propia democracia, que reclama una respuesta de las instituciones españolas y europeas, de las asociaciones judiciales y de la propia sociedad civil, ante la certeza de que esa pendiente del presidente conduce a un callejón sin salida para las libertades plenas.

Si alguien ha conspirado para convertir la Justica en una extensión de un partido, ha sido Sánchez: él ha convertido el Tribunal Constitucional en una especie de ministerio oficioso del PSOE, ha situado a ministros en la Fiscalía General del Estado e incluso ha intentado cambiar las mayorías necesarias para renovar el Poder Judicial en su conjunto, de manera que responda a las órdenes del Gobierno.

Solo alguien que no se siente seguro de su futuro judicial procede con esa agresividad contra los jueces. Y solo alguien dispuesto a lo que sea para salvarse es capaz de tener ese relato coactivo y de tintes revolucionarios. Y es inadmisible que, con parte de su partido y de su familia en los juzgados, el debate sea qué están haciendo los jueces y no qué explicaciones, si puede, ofrece un dirigente manchado a los españoles.

Defender la independencia judicial es tanto como proteger la democracia. Y consentir este intolerable acoso equivale a facilitarlo. Sólo cabe, pues, animar a los jueces a llegar hasta el final. Y a los ciudadanos, pedirles que les respalden con energía para que no se sientan solos en una misión que, en realidad, es de todos.