Tocar las reglas del juego
El CIS de Tezanos, consciente de que entre los españoles hay pocos demócratas (esto es, que se tomen en serio la expulsión de la política del que miente con el dinero de los contribuyentes), hace unas previsiones inverosímiles para el PSOE de Tito Berni, y al final el viejo truco funciona siempre
Los antiguos secretarios judiciales, hoy llamados letrados de la Administración de Justicia (LAJ para entendernos) están en huelga desde hace semanas, en reclamación de la puesta en práctica de unas retribuciones acordadas poco antes con el Gobierno. Este, fiel a sus tics y a su afición al juego de la bolita y el cubilete, les ha pedido que «tengan fe», pero los LAJ tienen más bien propensión a la incredulidad, lo que no es de extrañar, pues la acreditada fama de mentiroso del habitante de la Moncloa invita a cualquier cosa menos a la fe.
La Subdirección General para la Innovación y Calidad de la Oficina Judicial y Fiscal (no se resisten a la propaganda ni siquiera a la hora de poner rótulos a los organismos oficiales) envió a primeros de este mes de marzo una comunicación a la Junta Electoral Central (JEC), en la que le emplazaba a acordar «las medidas oportunas» –entre las que sobresalen los servicios mínimos– que corresponderían a los Letrados de la Administración de Justicia con funciones en las Juntas Electorales Provinciales y las Juntas Electorales de Zona, si siguieran en huelga en las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.
El asunto tenía a primera vista el aspecto de una leal colaboración del Ministerio con la JEC, a fin de aclarar las cosas y procurar que, en caso de persistencia de la huelga de los LAJ, no se resintiera mucho el proceso electoral. Pero la respuesta de la Junta deja claros, con argumentación cuidadosa y contundente, dos puntos centrales de la información del Ministerio, de la que discrepa. Sus dos conclusiones son éstas:
Primera, la función de los letrados de la Administración de Justicia, cuando desarrollen funciones en las Juntas Electorales provinciales y en las Juntas de Zona, no es una relación funcionarial, sino que es un mandato de la Ley Electoral. Por tanto, esta relación no es susceptible de verse afectada por los LAJ en huelga cuando desarrollen sus funciones electorales.
Segunda: la JEC no tiene, contra lo que dicen en su escrito los abogados del Estado en el Ministerio de Justicia, el carácter de «autoridad gubernativa a los efectos del establecimiento de servicios mínimos. En materia electoral no hay servicios mínimos, son todos esenciales. Las personas que integran la Administración Electoral lo hacen en cumplimiento de un deber público que corresponde a las personas expresamente designadas por la Ley Electoral, y de realización ineludible».
Por consiguiente, los inconvenientes que prevén los abogados del Estado cuando se celebren las elecciones del 28 de mayo no tienen por qué existir. O sea, que estos abogados del Estado han hecho muy mal su trabajo, o bien su escrito estaba encaminado a sembrar la confusión, a ver si la Junta Electoral Central picaba el anzuelo y se extralimitaba en sus funciones.
El hipotético lector me perdonará la atención con que contemplo las idas y venidas del inquilino de la Moncloa y los suyos, pero son de tal magnitud la vanidad y tan brillante la fama de embustero del que preside el Gobierno, que los dedos se me antojan huéspedes y cualquier movimiento relacionado de cerca o de lejos con las reglas del juego me parecen maniobras para falsear las elecciones. Hay varias formas de pucherazo; las más groseras consisten en falsificar los resultados, como pasó con Pedro Sánchez y su urna falsa atiborrada de votos y escondida detrás de una mampara en el Comité Político del PSOE en julio de 2018. Hay otras formas más elaboradas, que apuntan a las reglas del juego, como el control de Indra o una oportuna huelga de letrados del Ministerio de Justicia que siembre de confusión el escrutinio.
El CIS de Tezanos, consciente de que entre los españoles hay pocos demócratas (esto es, que se tomen en serio la expulsión de la política del que miente con el dinero de los contribuyentes), hace unas previsiones inverosímiles para el PSOE de Tito Berni, y al final el viejo truco funciona siempre: una regla infalible para la publicidad de ventas es anunciar a bombo y platillo que están a punto de agotarse las existencias. ¿Quién es el candoroso que creerá al que se gasta un buen dinero en anunciarse de este modo, si estuvieran, efectivamente, a punto de agotarse las existencias? Pues los hay, claro que los hay. La JEC, en este caso (que líbreme Dios de acusar a nadie), ha conjurado un riesgo antes de que pudiera plantearse.
- Ramón Pi es periodista
