Lawfare, antes judialización

Se es pretencioso de muchas formas de entre las cuales la más ridícula es, sin duda, la cursilería. Y ya puestos en la cursilería no hay peor manifestación de presuntuosidad que acudir a extranjerismos de creación reciente cuando se cuenta con términos españoles recogidos y definidos con precisión por la Real Academia Española. Me refiero concretamente al término lawfare que se ha popularizado estas últimas semanas. Es la traducción inglesa de judialización que los separatistas catalanes llevan años usando como judialització, un lawfare en catalán. La judialización se define como el desvío a los tribunales de una cuestión que podría mantenerse en el ámbito de lo político. Es antigua la tentación de desviar cuestiones conflictivas desde el ámbito político a otros de mayor eficacia: el gran Klausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Desde hace años, los separatistas catalanes vienen condenando la intervención de la justicia en su ilegítimo procés hacia la independencia, es decir su judialització. La denuncia lleva implícita la acusación de un uso abusivo de los tribunales de justicia; que la ley se les aplica de modo abusivo.

A la muerte de Ortega y Gasset, el Ayuntamiento de Madrid decidió darle su nombre a la calle que hasta entonces estaba dedicada al gran botánico Alberto Lista. Se trataba de un intento de lavado de cara progresista del régimen de Franco. Los madrileños, para evitar confusiones, pasaron a denominarla durante años «Ortega y Gasset antes Lista». Ahora, los separatistas han decidido sustituir judialización por lawfare, como si este recurso a la cursilería fuese a reforzar su argumento. En el acuerdo firmado entre PSOE y Junts se prevé que se tendrán en cuenta «…situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas». ¿Es una declaración que anuncia, crípticamente, cambios sustanciales del vigente régimen jurídico en defensa de la integridad territorial española? ¿O se pretende enmascarar un compromiso de dejación de la obligación del Gobierno de llevar a los tribunales de justicia las actuaciones de los separatistas que supongan una violación de la ley?

No deberíamos sorprendernos. Estas son palabras en 2018 de Felipe González pocos días antes de que la Audiencia Nacional enviara a prisión provisional a varios de los independentistas detenidos con motivo del frustrado referéndum del 1-O: «La política se está degradando porque está judicializada, y una vez que ese proceso llega a un determinado punto de saturación, la Justicia empieza a tomar decisiones políticas. Se llama gobierno de los jueces, la politización inevitable de la Justicia… ojalá no metan a ninguno de los independentistas en la cárcel el viernes… más alto lo puedo decir, pero más claro parece que no». Las pronunció González con motivo de la presentación de un libro de Almunia. Al acto no acudieron Pedro Sánchez ni sus partidarios. Ahora se han tornado –parece– las respectivas posiciones de los líderes, pero el PSOE sigue siendo el mismo.

La acusación de judialización encerraba entonces y encierra ahora un grave sofisma. Los poderes del Estado, todos ellos, están obligados a preservar el cumplimiento de la ley, si es preciso acudiendo a los tribunales de justicia. Así ha venido siendo durante más de un siglo en las tres últimas crisis promovidas por el independentismo catalán, aunque siempre seguido de arrepentimiento: en 1917, se zanjó con detención policial de los promotores, pronto puestos en libertad; en 1935 con bombardeo de la Generalitat y condena de treinta años a Companys, que fue amnistiado al año siguiente; en 2019 el juicio terminó con condenas de hasta 13 años a los independentistas, indulto en 2021 a los encarcelados, y anuncio de próxima amnistía que también incluirá a los fugados y no indultados.

¿La historia se repite una vez más? Ese parece ser es el caso por ahora, pero lo preocupante es que, también parece, que esta vez con la amnistía no se ha terminado el episodio y que le quedan nuevos capítulos.

• Daniel García-Pita Pemán es miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación