El ejemplo de los consortes americanos

Creo que el problema de fondo que plantean las actividades profesionales de la esposa del presidente del gobierno no es si al realizarlas ha infringido o no la ley. Va más allá porque hay una cuestión previa: si la mujer de la máxima autoridad del poder ejecutivo debe tener o no trabajos que le reporten ingresos económicos, porque la sospecha de corrupción siempre estará presente.

Si hay indicios, todo juez tiene el deber de investigar la presunta comisión de delitos, sea quien sea la persona que esté bajo sospecha. Hemos visto a presidentes del gobierno, exministros e incluso a una Infanta declarando ante un juez. Los sumarios han seguido su curso hasta concluir en sentencias que han ido desde la absolución hasta la condena a años de cárcel.

Pero insisto en que la cuestión de fondo es otra y va a la raíz de este asunto: el marido, esposa o pareja de un alto cargo como es el presidente del gobierno no debe tener actividades profesionales o empresariales sobre las que pueda existir la menor duda de que se vea beneficiada por la posición política de su cónyuge. Es la única forma de despejar toda sospecha de corrupción.

Tomemos nota del rigor legal y ético con que se abordan estos comportamientos en los Estados Unidos y en el Reino Unido.

Douglas Emhoff, esposo de Kamala Harris, es abogado y comenzó su vida profesional en el bufete Pillsbury Winthrop. Luego pasó a Belin Rawlings & Badal. En el año 2000 creó su propio despacho con Ben Whitwell, que fue adquirido por Venable S.L. en 2006. Entre sus clientes estaban Walmart y Merck, y llegó a ser director ejecutivo de la oficina de Venable para toda la costa oeste de Estados Unidos. En 2017 Emhoff se incorporó al bufete DLA Piper como socio, y trabajó en sus oficinas en Washington DC y en California. No es mal currículum.

Al hacerse público que su mujer era la candidata a la vicepresidencia junto a Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, pidió una excedencia temporal; no esperó a que ganara las elecciones y fuera vicepresidenta. Tras la victoria de Biden y Harris, Emhoff abandonó DLA Piper antes del día de la jura de su esposa como vicepresidenta. Lo hizo para evitar toda sombra de duda sobre conflictos de intereses.

En diciembre de 2020, la facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown informó que Emhoff se incorporaba a su claustro como profesor invitado y miembro de honor de su Instituto de Derecho y Política de Tecnologías.

Un segundo ejemplo. Usha Chilukuri esposa de J. D. Vance, candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos designado por Trump. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Yale, master en Filosofía por la Universidad de Cambridge, tras ganar una beca, y abogada en ejercicio. Fue ayudante de Brett Kavanaugh, juez del tribunal de apelaciones de Washington, y poco después, ayudante del presidente de este tribunal, John Roberts. En la actualidad trabajaba como abogada en el bufete Munger, Tolles and Olson. Tampoco está mal el currículum.

Al día siguiente de que su marido fuese nominado, el bufete anunció su dimisión: «Usha nos ha informado que ha decidido dejar el bufete. Usha ha sido una excelente abogada y colega y le agradecemos sus años de trabajo». Tampoco esperó a que su marido pueda ganar las elecciones en noviembre y ser vicepresidente de los Estados Unidos en enero de 2025; dimitió el 15 de julio.

El diplomático Carlos Miranda, que fue embajador en Londres, recordó en un artículo cómo funciona el régimen de incompatibilidades en el Reino Unido, y luego Miriam González, abogada en ese país y esposa del ex viceprimer ministro británico Nick Klegg lo confirmó con detalle. Allí existe un departamento de la Administración que indica a los cónyuges de los altos cargos lo que deben hacer para no levantar sospechas de corrupción.

El 30 de abril Miriam González contó en Antena 3 que el día en que se acordó la coalición entre liberales y conservadores –antes, incluso de que se formara el gobierno– ese organismo convocó al matrimonio para que ella les comunicara cuáles eran sus clientes y cuáles podían ser los clientes potenciales de su despacho de abogados. Inmediatamente se dispuso el apartamiento de su marido de cualquier decisión que pudiera afectar directa o indirectamente a esos clientes. También les recomendaron «muy fuertemente» que se apartara incluso cuando no hubiera conflicto de intereses, pero sí lo pareciera.

Miriam González recordó en su entrevista que España tiene una oficina de conflictos que cada año es criticada por la Unión Europea y por el Consejo de Europa «por su falta de independencia, autonomía y efectividad. Y se lo dicen por escrito», añadió.

Estos ejemplos deben valer para todos los políticos de nuestro país; para todos. Pero el asunto que ahora nos ocupa y nos preocupa es el de la esposa del presidente del gobierno.

Imponer límites legales implacables a las actividades de los cónyuges nos evitaría enfrentamientos y tensiones como las que estamos viviendo, porque como dice el proverbio popular «quien evita la ocasión evita el peligro.»

• Emilio Contreras es periodista