El PP, la alternativa real al oficialismo y al catastrofismo

Uno de los síntomas más evidentes del actual deterioro político en España se percibe al escuchar a la hinchada del presidente del Gobierno, incluido el notario mayor del Reino, que pretende descalificar al juez predeterminado por la ley, para defender la regresión del poder, consistente en entender que quien lo ejerce puede y debe favorecer con los recursos públicos a sus allegados y correligionarios, sin control judicial alguno. A eso, algunos lo llaman acción de gobierno, decidir a quién se privilegia frente al resto con el dinero de todos, empezando por los más próximos y/o necesarios para permanecer en el poder, lo cual nos aproxima también a borrar la frontera entre lo público y lo privado, para retroceder a la figura del soberano, cuyo patrimonio privado no se distinguía del público, porque podía disponer de todo, como si fuese propio. Y algo así está pasando ahora, so capa de considerar normal que la mujer del presidente «trabaje» (no se va a quedar en casa, dicen), aunque sea a costa de incurrir en un conflicto permanente de intereses y traficar con las influencias del marido, es decir, con su poder de decisión directo o indirecto en la asignación de los caudales públicos (en forma de ayudas y contratos). Los clientes de esta supuesta empresaria, cuya sede empresarial radica en la Moncloa –el domicilio oficial del marido, curiosamente, a pesar de presentarse como una iniciativa empresarial personal, que exigiría una sede social propia–, aprenden a captar fondos públicos, desde una cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (pero sin titulación oficial, al efecto) que, al parecer, es la plataforma o tapadera de todo ese montaje de supuesto emprendimiento (o, más bien, «manganement»).

Quienes defienden ciegamente la supuesta regularidad de todo lo anterior, además de carecer de sentido crítico, caen en el oficialismo y pierden su dignidad, hasta el punto de que con ello dejan de ser verdaderos ciudadanos, para convertirse en viejos súbditos, pícaros, sometidos al poder hasta el ridículo. Y lo que es aún peor, olvidan que el bien común de la sociedad que justifica la existencia misma del poder, también exige que éste se someta a unos límites infranqueables, que debe garantizar el Poder judicial, sin que un mal constituido Tribunal Constitucional (TC), incurso en –al menos- tres causas claras de abstención, pueda desautorizar a la justicia ordinaria que los declare y exija. Los órganos judiciales, corregidos inopinadamente por el TC, harían bien en ratificar sus condenas, «en ejecución» de las extravagantes Sentencias TC, que anulan parcialmente firmes condenas por el escándalo de los ERE de Andalucía y su dilapidado fondo plurianual de reptiles…

Los oficialistas han existido siempre. Pero hoy, además, frente a los que se doblan ante el poder, sea quien sea quien lo ejerza (aunque sea de la peor manera), se encuentran algunos otros, supuestamente puros (eso sí, sin ninguna experiencia de Gobierno propio), que lo critican todo y que falsamente tratan de identificar la desmedida corrupción «gobernante» a la legítima, honrada y mayoritaria oposición actual, sólo por no compartir algunos de sus errores evidentes del pasado, dando por supuesto que ellos no los habrían cometido nunca, como si fuera tan fácil acertar siempre y no equivocarse… Sin embargo, para revertir tanto atropello es necesario un buen diagnóstico, que exige frialdad ante los problemas y credibilidad ante el auditorio. Pero esta credibilidad se enturbia y hasta se pierde, si quien diagnostica, al mismo tiempo, descalifica al adversario por elevación y de forma engañosa o, incluso, pretende adelantarle por la derecha (contraviniendo las normas), tratando de dejarle en mal lugar ante la opinión pública, arrogándose una representatividad de la que carece a todas luces. Por ejemplo, no se puede acudir de improviso a solidarizarse con Netanyahu, ante la tragedia del pasado 7 de octubre y sus consecuencias (que sólo los miserables tratan de justificar, apoyando a terroristas), dando la impresión de paso de que sus socios no se solidarizaban también, intentando dejarles fuera de juego, en falso. Y tampoco se puede minimizar el peligro real de Putin, para Europa y el resto del mundo entero…

No es verdad que el Partido Popular (PP) esté pactando con el Gobierno sanchista, más allá de la necesidad de dar las respuestas necesarias a problemas reales, que deben formar parte de una política imprescindible de Estado y que, por tanto, son problemas de su responsabilidad política (la independencia judicial, los inmigrantes menores no acompañados, el diálogo institucional…). Tampoco es verdad que el PP no defienda la libertad, ni la seguridad, ni la vida, ni tampoco la familia o, en general, el sentido común. El PP debe seguir siendo él mismo y, a pesar de algunos de sus errores, los votantes moderados de la derecha les daremos nuestra confianza, próximamente. Es de esperar que esto pueda ser más pronto que tarde.

• Isabel María de los Mozos y Touya es profesora titular de Derecho Administrativo en la UVA