La nueva asignatura de Religión, eutanasia, aborto, inmatriculaciones... El año de la Iglesia española

Desde el decreto del Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020 y su posterior confinamiento, sobrevenido con la llegada de la COVID-19 a nuestras vidas, la Iglesia ha tenido que seguir con su transitar en medio de un mundo complejo y embotado por el aquelarre normativo y los desmanes que la pandemia ha traído consigo. Nada nuevo, en cualquier caso, para la Iglesia, que desde hace dos mil años, independientemente de las circunstancias, hace vida aquel pasaje del Evangelio (Mateo 16:18) donde Jesús encomendaba a Pedro y los apóstoles a sobreponerse ante los males de la muerte, pues estos «no la derrotará».

Han sido cerca de dos años convulsos donde la institución católica se ha tenido que enfrentar a los retos que ha traído consigo la pandemia, que ha recrudecido y engrosado la lista de familias que viven en nuestro país bajo el umbral de la pobreza, tal y como reflejaba FOESSA y Cáritas en su último informe; que ha dejado sin procesiones de Semana Santa por segunda vez consecutiva a las diócesis españolas, que ha tenido que redoblar sus esfuerzos y recursos en materia caritativa y donde ha tenido que responder a la agenda legislativa del Gobierno de coalición. Huelga recordar que algunas de ellas posicionadas de modo diametralmente opuesto al magisterio y doctrina de la Iglesia.

«Discrepancia» y «desencuentro» con la coalición de Sánchez y sus socios

A comienzos de 2021, los obispos españoles advirtieron de una «preocupante discrepancia» y «desencuentro» con el programa legislativo del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, en concreto, con leyes como la de educación, eutanasia, protección al menor, la reforma del aborto o la futura ley 'trans'.

«Respecto al programa legislativo, que termina siendo antropológico, nuestra relación es de preocupante discrepancia», afirmó el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, tras la Asamblea Plenaria de los obispos de abril de 2021.

En relación a la ley de eutanasia, los obispos españoles propusieron este año un nuevo texto de Declaración de Instrucciones previas y voluntades anticipadas, el denominado como Testamento Vital, para que los ciudadanos que así lo deseen puedan dejar por escrito que no quieren que se les induzca el suicidio asistido. Pidieron, a su vez, que se respete de ahora en adelante la objeción de los hospitales y residencias de la Iglesia católica para que puedan ser «zonas libres de eutanasia».

Asimismo, en relación al aborto, se opusieron a la propuesta del Ministerio de Igualdad de crear un registro de objetores al aborto pues consideran que sería «atentar contra la libertad de la persona» así como mostraron su malestar ante la idea de encarcelar a aquellos grupos que frente a las clínicas abortistas hicieran sentadas de oración. Sin ir más lejos, el cardenal y arzobispo de Madrid, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Carlos Osoro, en declaraciones a este medio reconocía el «absurdo» que supone «legislar la muerte». «Hay que defender el trabajo que nace en el seno de la Iglesia −decía a lo largo de la entrevista− y que se hacen convencidas que el dueño de la vida es Dios y que no hay más dueño de la vida que Dios».

Reducción de las horas de Religión

En materia educativa, este 2021 ha estado marcado por el trabajo de todos los ámbitos vinculadas con las escuelas para dar espacio a la asignatura de Religión en los centros escolares. Los prelados pidieron a comienzos de año al Ministerio de Educación que la reforma educativa, la LOMLOE, ofreciera «el espacio necesario» a la asignatura de Religión y reiteraron su «voluntad de diálogo» a las administraciones educativas. Sin embargo, el pasado mes de noviembre, tras conocer el decreto de la ordenación y las enseñanzas mínimas para Primaria, que reduce la clase de Religión a una hora semanal (90 horas menos si se compara con la LOE de 2006), los obispos lamentaron esta reducción y pidieron a las CCAA una «ampliación razonable» del horario de esta asignatura dentro de sus competencias.

Pedro Huertas, secretario general de Escuelas Católicas, nos contaba cómo, a pesar de las circunstancias y de forma muy especial en el contexto socio-cultural que estamos viviendo ahora mismo, en la escuela se necesitan «espacios de reflexión, y el hecho religioso, que sigue formando parte de la interpretación de la historia y de la realidad, se constituye en hermenéutica para interpretar la realidad, para generar relaciones con el entorno natural y con el entorno humano, tanto al interior como al exterior de los centros educativos».

Los abusos en el seno de la Iglesia

La lucha contra los abusos a menores ha sido uno de los asuntos que más presente ha estado este año, coincidiendo con la aprobación, por parte del Gobierno, de la Ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Precisamente, durante el debate de esta ley en el Pleno del Congreso, tal y como recoge Europa Press, el pasado mes de abril la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, defendió la ley de infancia frente una «Iglesia católica que ha sido cómplice demasiadas veces con la violencia sexual hacia los niños».

No se hizo esperar la respuesta de los obispos españoles quienes tacharon de «gravemente injusta» la acusación de Belarra, quien, a su juicio, pretendía con esas palabras «ensuciar la actividad de millones de personas durante décadas».

También el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, defendió la lucha de la Iglesia española contra los abusos sexuales a menores e indicó que «nadie puede poner en duda su credibilidad» ni «interpretar falta de transparencia o negativa» a seguir las directrices del Papa Francisco, recogidas en el motu proprio Vos estis lux mundi, donde se instaba a todas las diócesis del mundo a abrir oficinas de atención a las posibles víctimas de estas prácticas por parte del clero o de personas vinculadas a la Iglesia.

La Conferencia Episcopal Española, por primera vez, presentó datos de denuncias contra sacerdotes por abusos sexuales. En concreto, el secretario general y portavoz de la CEE, Luis Argüello, informó en abril que la Iglesia española había remitido al Vaticano 220 denuncias contra sacerdotes por abusos sexuales en los últimos 20 años. Del mismo modo, tras la conclusión de la última Asamblea Plenaria, se aportaron los avances de las oficinas de la Iglesia contra los abusos a menores −creadas para recibir denuncias y atender a las víctimas−, que se habían reunido por primera vez en septiembre en Madrid para poner en común sus avances.

Inmatricular a «la luz de la legalidad»

También ha estado muy presente el asunto de las inmatriculaciones pues el Gobierno publicó en febrero de 2021 el listado. En concreto, de los datos se desprendía que la Iglesia católica de España inmatriculó «a la luz de la legalidad» un total de 34.961 bienes desde 1998, con la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar y hasta 2015.

Los obispos respondieron a estos datos manifestando su agrado por «el reconocimiento» de «que la Iglesia ha seguido la legalidad en la realización de este criterio inmatriculador» y dijeron estar dispuestos a que se revisen las inmatriculaciones de inmuebles porque la Iglesia «no quiere a su nombre nada que no sea suyo».

Junto a los últimos

Por otro lado, uno de los asuntos que también ha preocupado a la Iglesia española este año ha sido el de los menores extranjeros no acompañados. Así, ya en el mes de abril, con motivo de las elecciones a la Comunidad de Madrid, los obispos afearon el cartel de VOX en el que comparaba la pensión de jubilación que recibe una persona mayor con el gasto mensual dedicado a estos menores migrantes, algo que les pareció «doloroso».

Además, tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta en agosto, la Conferencia Episcopal dijo que es «obligación ética y legal» atender a los menores que llegan solos a España y, a mediados de diciembre, el departamento de Migraciones de la CEE presentó una guía para acoger como Iglesia a niñas, niños y jóvenes migrantes solos, para que no se les «criminalice» y se genere una «cultura de acogida» para «acompañar sin ideologías» a estos menores.

Al llamado del Papa Francisco hace apenas unos días a que la Iglesia tenga sus puertas abiertas y su colaboración abierta con las instituciones para atender el drama migratorio, la Conferencia Episcopal Española no tardó en responder. De hecho, la Comisión Episcopal para la Pastoral social y Promoción Humana ofreció vías de diálogo con el Estado para abrir «corredores humanitarios» como vías seguras para acoger en España a migrantes y refugiados.