Marta Albert, sobre la objeción a la eutanasia: «Está en juego la independencia de los sanitarios»

«La objeción de conciencia en los casos de eutanasia es un tema político como una catedral», sentenciaba la jurista Marta Albert, directora del Máster Universitario en Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos. Lo que está en juego, insistió durante su intervención en el V Congreso Nacional de Bioética, es «la identidad de las profesiones sanitarias, la definición de su finalidad y su independencia normativa».

Albert protagonizó una ponencia en la que reflexionó las implicaciones prácticas que tiene la Ley Orgánica 3/2021, conocida popularmente como la Ley de la Eutanasia, para el trabajo cotidiano de los profesionales sanitarios contrarios a esta práctica. «El futuro es inquietante, pero no demos la batalla por perdida», destacó la ponente durante su intervención en el evento, que se celebra de forma virtual y está organizado por la Universidad CEU San Pablo, el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP).

Las claves de la ley

La Ley de la Eutanasia entró en vigor en junio de 2021, y en ella se contempla la objeción de conciencia como un derecho de los trabajadores, pero especifica que se refiere a las personas directamente implicadas, que es un acto individual y que debe expresarse anticipadamente y por escrito. Albert destacó un detalle muy significativo del texto: «Se especifica que tiene carácter ordinario; esto es, que no tiene carácter de derecho fundamental», apuntaba.

La norma también prevé la creación de un registro de objetores de conciencia. Estas consideraciones han provocado dos recursos al Tribunal Constitucional –desde los grupos parlamentarios del PP y de Vox–, que entienden que se vulnera el artículo 16 de la Constitución, el que garantiza la libertad ideológica y religiosa. «El tribunal tiene mucha jurisprudencia sobre la objeción de conciencia, pero no ha seguido una línea de continuidad, así que no sabemos si cuando se posicione en el caso de la eutanasia y del aborto quedará claro», comentó Albert.

Un arma de doble filo

La jurista también desarrolló los cabos sueltos que deja la ley, como dejar claro quién puede objetar, si entidades privadas pueden hacerlo de modo institucional, qué ocurre con la objeción sobrevenida –esto es, la que no se prevé por escrito– o a qué se objeta. «Esto último –reflexionó Albert– es un arma de doble filo, porque si la objeción implica ser excluido de todo el proceso, los pacientes serán acompañados desde el inicio únicamente por profesionales con una posición favorable a la eutanasia».

La sesión estuvo presentada por el presidente de la Comisión de Ética y Deontología del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Rafael del Río. Se enmarca en un congreso celebrado por quinto año consecutivo, y que cuenta con la colaboración de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, la Fundación Jérome Lejeune y el Instituto CEU de Estudios de la Familia.